Las más de 300.000 viviendas irregulares que existen en Andalucía podrán contar con protección legal a partir de hoy. No serán todas, pero sí muchas. El Gobierno de la Junta ha querido que la demanda de decenas de miles de propietarios que hasta ahora habían carecido de servicios y suministros básicos sea satisfecha mediante decreto ley, una regularización exprés cuyo texto será derogado tan pronto como sea aprobada la futura Ley de Urbanismo y Suelo, en cuyo articulado quedará integrada la citada regularización.

Desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno del PP y Ciudadanos ha anticipado en varias ocasiones la regularización de las viviendas ilegales andaluzas. Después de siete meses de estudios, el gabinete de Juanma Moreno ha encontrado el resquicio legal para dar solución al estado de alegalidad que pesaba sobre estas casas.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, insistió en que la citada legalización no supone una "amnistía", puesto que tal regularización de viviendas estará limitada a aquellas casas que no se encuentren en suelo "de especial protección" que contemplen los planes generales de ordenación urbana (PGOU) en vigor. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, puso como ejemplo para explicar las restricciones de la normativa de legalización a las casas que se encuentran en los cauces de ríos o arroyos.

Municipios de Málaga y Almería

Carazo, quien incidió en la complejidad de la casuística de cada una de las viviendas afectadas y en la necesaria colaboración de propietarios y ayuntamientos para desatascar el problema, señaló que el decreto que entra hoy en vigor "pone fin al caos jurídico y urbanístico" reinante debido a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas, autores de hasta tres textos legislativos ineficaces.

Siendo un texto de carácter "urgente y provisional", apuntó el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, la intención es dar respuesta a una situación que afecta principalmente a las provincias de Málaga (Axarquía) y Almería (Valle del Almanzora).

Asimilados fuera de ordenación (AFO)

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno estuvo repleta de cuestiones técnicas vinculadas a los procedimientos administrativos de urbanismo. En este apartado, los miembros del Gobierno andaluz se refirieron a la declaración de asimilado fuera de ordenación (AFO).

El decreto aprobado ayer permite ahora el acceso al reconocimiento de este AFO no sólo a casas aisladas, como había sido hasta la fecha, sino a edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado, así como a aquellas viviendas situadas en suelo urbanizable.

El AFO –subrayó Carazo– no supone una legalización y ofrece además que los propietarios accedan al registro de la propiedad y a servicios básicos (agua, la luz y saneamiento), así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. El decreto facilita por eso el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con las excepciones de que se trate de viviendas aún en plazo para restablecer su condición legal –seis años desde su construcción– o con sentencia.

Otra de las medidas que integra el texto del decreto es la de que los municipios podrán formular un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Esta vía evitará la espera de nueve años como promedio que se dilatan los proceso administrativos antes de la aprobación de un PGOU.