La Junta de Andalucía ha acusado hoy a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de "manipular el proceso de justificación administrativa" de los fondos del plan Bahía Competitiva para "tapar su intención de negar un plan especial de empleo" a Andalucía, que "sí ha concedido a Extremadura y Canarias".

En un comunicado, el secretario general de Empleo de la Junta, Antonio González, ha salido al paso de las manifestaciones hoy de la ministra, que ha emplazado a la Junta a que justifique las ayudas de 24,3 millones otorgadas por el Gobierno a planes de empleo de la Bahía de Cádiz y, por tanto, "no puede pensar" en un plan especial para Andalucía hasta que no justifique dichos fondos.

La Junta asegura que ya ha culminado la justificación de los fondos de los citados planes de empleo de la Bahía de Cádiz y "sólo está pendiente de que Intervención culmine su fiscalización y permita enviar la documentación".

Ha reprochado a la ministra que no le haya concedido a la Junta una ampliación del plazo para justificar dichos fondos, a pesar de "que se concede habitualmente a cualquier ciudadano".

Según el secretario general de Empleo, la ministra "sólo pretende lanzar una cortina de humo y manipular las habituales relaciones administrativas entre la Junta y el Gobierno con tal de tapar su intención de negar a Andalucía un plan especial de empleo que sí concede a Extremadura y Canarias".

De esta forma, ha denunciado que el Gobierno discrimina a Andalucía aprobando planes especiales de empleo para Extremadura y Canarias, cuyo peso proporcional nacional en el número de desempleados es del 2,3 % y el 6,6 % respectivamente, muy por debajo del 24 % andaluz

Se ha quejado de que el "sesgo partidista" de la ministra está "provocando un daño irreparable a los desempleados andaluces", que han sufren un recorte del 57 % de los fondos que recibe Andalucía para políticas activas de empleo y con "criterios discriminatorios de reparto".

También ha acusado al Gobierno de suspender la financiación para mantener los 1.400 técnicos, entre Alpes y promotores de empleo, "con lo que se deterioran los servicios de atención a los desempleados", según el secretario general de Empleo.