Andalucía

Junta y Gobierno se culpan mutuamente del avance del almacén de gas en Doñana

  • La ministra de Medio Ambiente y la presidenta de la Junta se enzarzan después de anunciarse la visita de los eurodiputados

Isabel García Tejerina, flanqueada por Fátima Báñez y José Fiscal, en una visita a Doñana. Isabel García Tejerina, flanqueada por Fátima Báñez y José Fiscal, en una visita a Doñana.

Isabel García Tejerina, flanqueada por Fátima Báñez y José Fiscal, en una visita a Doñana. / alberto domínguez / efe

La decisión del Parlamento Europeo de enviar una delegación de sus diputados a Doñana para conocer el impacto del proyecto de almacén subterráneo de gas ha reavivado la confrontación entre la Junta y el Gobierno. Las dos administraciones se esforzaron ayer en endosar a la otra la responsabilidad de paralizar la infraestructura ideada por Gas Natural Fenosa en los alrededores del espacio protegido.

"Si la Junta quiere pararlos, está en su mano y solo en su mano". La frase es de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. La dirigente popular se refiere al almacén en plural porque está formado por cuatro subproyectos -Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar- y en esa división está el origen del conflicto entre administraciones. Los cuatro subproyectos cuentan con el aval del Gobierno en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en eso se escuda la empresa energética para defender su postura.

La única administración que puede parar las obras en su conjunto es el Gobierno central"

García Tejerina recordó ayer en una entrevista radiofónica esa situación y se refirió a los "estándares europeos" con los que trabajan los técnicos encargados de evaluar el impacto ambiental de proyectos como este almacén. La ministra de Medio Ambiente utilizó argumentos similares a los que esgrime la Comisión Europea para justificar sus decisiones sobre el proyecto gasístico: dividir la evaluación ambiental de un proyecto no es ilegal.

El resto de fuerzas políticas, instituciones, y organizaciones sociales que están contra la infraestructura son conscientes de esta realidad, pero fían la paralización del almacén de gas a que se realice un análisis integral del impacto que tendrían los cuatro subproyectos. Por ese motivo, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, cree que la "única administración que puede parar" las obras "en su conjunto" es el Gobierno central. La dirigente andaluza exigió a través de Twitter "la máxima protección al pulmón verde de Europa" y acusó a García Tejerina de "llegar tarde a Doñana"

El consejero de Medio Ambiente y Organización del Territorio de la Junta fue más directo y acusó ayer a la ministra del ramo de "mentir" cuando asegura que la Junta es quien tiene la potestad para acabar con el almacén de Gas Natural Fenosa. "Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, actuar contra los subproyectos que estaba previsto que atravesaran el interior de Doñana, pero la forma de paralizarlo completamente es considerar los cuatro proyectos como uno", explicó Fiscal.

Este paso corresponde al Estado, y de ejecutarse, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que debe emitir la Junta "con total seguridad sería negativa", si bien, con carácter previo, debe darse ese condicionado, "tal y como pediremos ante el contencioso-administrativo al Gobierno español, que tiene las competencias en hidrocarburos".

El gabinete jurídico de la Junta está todavía ultimando ese recurso, que la Administración autonómica tiene previsto imponer próximamente después de que el Ejecutivo central no aceptase su propuesta de repetir la evaluación ambiental. Cabe recordar que la Junta sí que otorgó la Autorización Ambiental Unificada al subproyecto Marismas Occidental -cuyas obras sí se pusieron en marcha- después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase la Declaración de Impacto Ambiental.

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