Poco menos de dos meses de negociación le quedan al Gobierno central y a la Junta para cerrar el decreto de transferencia de la cuenca del Guadalquivir al Ejecutivo autonómico, tal y como fijaron las partes el pasado 12 de noviembre en el documento que sellaron en Cazorla para desarrollar el nuevo Estatuto de autonomía. Entonces establecieron julio como el mes en que debería aprobarse la norma por el Consejo de Ministros, aunque cada vez parece más probable que el traspaso será realmente efectivo en enero de 2009.

Las negociaciones, que han permanecido formalmente estancadas desde la convocatoria electoral, se retoman ahora con nuevos titulares en las carteras de Medio Ambiente en España y Andalucía (Elena Espinosa en Madrid y Cinta Castillo en Sevilla), aunque con los mismo actores en los otros dos departamentos claves para llevar a buen puerto el considerado primer gran traspaso desde la aprobación del nuevo Estatuto: Elena Salgado en el Ministerio de Administraciones Públicas y Gaspar Zarrías al frente de la Consejería de la Presidencia.

Aunque poco se ha filtrado hasta la fecha sobre cómo han avanzado las reuniones, lo que sí se ha puesto de manifiesto es que las cifras con las que trabaja el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre el coste de la transferencia son bien distintas.

Uno de los asuntos pendientes es la asunción de las obras de infraestructuras que tiene previstas la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para esta legislatura y que en Andalucía suponen más de mil millones de euros en el plazo de cuatro años, frente a los 866 presupuestados entre 2004 y 2008, de los que 397,4 se encuentran actualmente en ejecución.

Entre las medidas pendientes de ejecutar durante la legislatura se encuentran, por ejemplo, 25,8 millones de euros para mejorar la red de abastecimiento de sistema Víboras-Quiebrajano, en Jaén; 32,8 millones para abordar el paso del Guadalquivir por Córdoba o 151,2 millones para la zona regable del Bajo Guadalquivir. La modernización de regadíos absorberán 628 millones, 268 se destinarían a defensa de inundaciones y 116 para abastecimiento. En principio, este dinero provendría de los presupuestos de la CHG y la Dirección General de Aguas, en el ahora Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La Confederación calcula que será necesario invertir esa legislatura 1.137 millones en la comunidad, de los que 43,7 corresponden a obras ya licitadas y 842 a proyectos redactados.

La Junta de Andalucía entiende que estas actuaciones deberán seguir siendo financiadas desde los Presupuestos Generales del Estado, siguiendo el modelo que se estableció con los traspasos de las dos cuencas internas que gestiona la comunidad autónoma desde la pasada legislatura: la Mediterránea y la Atlántica. En el caso de la Cuenca Mediterránea, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona se comprometió en diciembre de 2004 a realizar una inversión de 35 millones de euros anuales durante ocho años, conservando el Gobierno la responsabilidad de las grandes obras. Buena parte de estas infraestructuras se encontraban calificadas como de interés general, por tanto son responsabilidad del Estado, a lo que hay que unir las que asumió la sociedad estatal Acuamed, encargada de desarrollar el programa Agua.

En estos años se han elegido distintas fórmulas para desarrollar las infraestructuras, desde aquellas que ha licitado y ejecutado directamente el Estado hasta las realizadas por la Agencia Andaluza del Agua con financiación estatal o las cofinanciadas. El desarrollo del acuerdo, sin embargo, ha sido irregular con numerosas actuaciones aún pendientes.