No hay trato de favor al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, cuya defensa legal en el caso Servivation, una pieza separada del sumario de Invercaria, será asumida por la Junta. Al menos eso es lo que asegura el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, que insistió ayer en que el gabinete jurídico de la Administración regional "avala que en este caso tiene derecho a ser defendido por abogados de la Junta". Jiménez Barrios insistió en que los letrados de la Junta constituyen "el único cuerpo con autonomía propia" y han emitido un informe que sustenta la legalidad de la medida. Según el número dos del Ejecutivo regional, a diferencia de otros procedimientos, la Junta no está personada en esta pieza, por lo que puede asumir la defensa del ex consejero. "Ése es el camino, dejar que el Derecho se pronuncie y no hacer utilizaciones partidistas interesadas", aseguró.

El número dos del Ejecutivo regional respondió así a las críticas del PP-A, cuya secretaria general, Dolores López, denunció que los abogados de la Junta "van a reemplazar a los letrados privados que estaban defendiendo" a Vallejo, lo que demuestra "las artimañas jurídicas para amparar a un amiguete". López, en una rueda de prensa en Jaén, explicó que su partido, como acusación en la causa, recibió el 7 de octubre un escrito en el que el letrado de la Junta solicitaba al instructor del Juzgado número 16 de Sevilla sustituir a los abogados privados que defendían a Francisco Vallejo.

La número dos del PP-A consideró que se trata de un "disparate jurídico", ya que el propio Gobierno andaluz está personado en esta causa, y pidió a la presidenta, Susana Díaz, que dé marcha atrás. En este sentido, los populares han presentado un escrito en el que se oponen a que los letrados de la Junta sustituyan a los privados en la defensa de Vallejo, al tiempo que anunciaron que pedirán explicaciones en el Parlamento de Andalucía. Dolores López recordó que Francisco Vallejo declaró el pasado 30 de junio ante el juez por el caso Servivation, y que según la instrucción del caso, se ha demostrado que no había plan de negocio, propuesta de inversión ni análisis por parte del personal técnico de Invercaria y sin embargo, le concedieron 1.180.000 euros mediante un préstamo a través de Invercaria y de IDEA.

Posteriormente, en mayo de 2012, la empresa entró en concurso de acreedores y "no se ha recuperado ni un céntimo de lo que le dio la Junta". Sin embargo, la número dos de los populares andaluces señaló que "se sabe de lo instruido que el objetivo era recolocar en esa empresa a trabajadores de otra" que había entrado con anterioridad en concurso de acreedores.