Andalucía

La Junta amaga con recurrir las reválidas en los institutos

  • La consejera de Educación confía en alcanzar un consenso con el Gobierno antes de llegar a los tribunales. De la Calle insiste en que no ha habido recortes en la plantilla docente.

La Lomce se convierte de nuevo en protagonista en la vuelta a clase. La polémica reforma educativa del Gobierno central abarca ya todos los cursos de la enseñanza obligatoria, desde los 6 a los 16 años. La novedad en esta ocasión radica en las reválidas a las que tendrán que enfrentarse los alumnos que acaben cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato, unas pruebas que condicionarán su futuro académico y el acceso a la universidad. La Junta ya ha anunciado que, en caso de que no se llegue a un consenso con el Gobierno central, recurrirá ante los tribunales unos exámenes a los que siempre se ha mostrado contraria. El desarrollo de la conocida como ley Wert introduce también este curso la enseñanza de la segunda lengua extranjera en el currículum de Primaria, lo que ha provocado las críticas sindicales por los traslados y la pérdida de plazas por parte de los maestros interinos. 

 

El decreto que regula las reválidas en los institutos se publicó el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se cerraba así una puerta al diálogo entre el Estado y las comunidades autónomas sobre unos de los  asuntos más espinosos de la Lomce desde que se dio a conocer. La Junta siempre se opuso a esta reforma, y en concreto, a dichas pruebas, al considerar que "segrega" al alumnado y favorece, en cierta medida, la enseñanza privada sobre la pública. La evaluación final en la ESO tiene un peso del 30% en la nota final para obtener el graduado en Secundaria, mientras que en el Bachillerato llega al 40%. 

 

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, recordó ayer -tras concluir el consejo de gobierno de la Junta- que su departamento siempre ha apostado por la evaluación continua y nunca ha cuestionado la labor que desempeña el profesorado andaluz, ya que estos exámenes serán corregidos por docentes externos al sistema educativo de la Junta. "No hace falta que venga nadie de fuera a evaluarnos", afirmó ayer la consejera. 

 

De la Calle confía en alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación antes de recurrir a los tribunales. Por tal motivo, espera que su titular, Íñigo Méndez de Vigo, convoque la conferencia sectorial de Educación donde tienen  cabida todas las comunidades autónomas. "Andalucía siempre ha estado dentro de la legalidad y cumplirá la ley, aunque no nos guste", expresó la titular andaluza de Educación, quien espera no tener que aplicar el decreto de las reválidas. El Pacto de Estado que  desde el Gobierno central se quiere alcanzar en el ámbito educativo constituye la última esperanza de la consejera para que Méndez de Vigo retroceda y no convoque estas pruebas. 

 

Ante la posibilidad de que dicho acuerdo no se logre, los técnicos de la Consejería de Educación ya estudian la posibilidad de recurrir ante la Justicia el decreto de las reválidas. No es la primera vez que la Junta acude a los tribunales por esta cuestión. Ya lo hizo con la evaluación final de Primaria ante el Supremo. Una resolución aún pendiente al haber recurrido Cataluña y el País Vasco las reválidas ante el Constitucional (una jurisdicción superior).  

 

Esta situación provocó que la Junta se viera obligada a realizar la evaluación final de Primaria el pasado curso. Lo hizo apurando el margen legal establecido y después del plante dado a la comisión técnica convocada por el Ministerio de Educación para concretar distintos aspectos de las pruebas externas. Finalmente, el Gobierno andaluz optó -dentro de los límites establecidos por la ley- sustituir las reválidas por un informe de los maestros sobre la adquisición de competencias de los alumnos que concluyen la primera etapa obligatoria en comunicación lingüística, matemática, ciencia y tecnología. Esta versión light de las pruebas poco contentó al Ministerio de Educación, que amenazó con recurrir dicha propuesta. Una advertencia que sólo se quedó en amenaza y sobre la que no hubo ninguna notificación. 

 

No obstante, las pruebas en Primaria carecen de la trascendencia que sí tendrán al final de la ESO y el Bachillerato, pues su resultado condicionará el futuro académico del alumno. De la Calle adelantó ayer que el propósito de la Junta es que las reválidas se sustituyan por un modelo similar al establecido para el sexto curso de Primaria, esto es, otro informe de los docentes que se encargan de la evaluación continua de los estudiantes. 

 

Al margen de este asunto, la consejera defendió que la Junta no ha aplicado "ningún recorte" en la política educativa de cara al próximo curso. Puso como ejemplo el mantenimiento de la plantilla docente "en el mismo número de maestros y profesores que el año pasado". Este curso impartirán clase 95.415 docentes en los centros sostenidos con fondos públicos, cantidad idéntica a la de septiembre de 2015, pese a que el volumen de alumnos se ha reducido en 14.227 -hasta llegar a los 1,7 millones- debido al descenso en la natalidad.  

 

La consejera defendió, de igual modo, que una familia andaluza recibe hasta 5.000 euros por hijo a través de la bonificaciones para comedor, aula matinal y actividades extraescolares, a lo que se suman las ayudas al transporte, el sistema de becas y la gratuidad de los libros de texto.

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