Andalucía

La Junta amplía a 200 metros el nivel de protección urbanística de la costa

  • El Plan de Ordenación del Levante de Almería es el primero que recoge una medida que se aplicará al resto de planes litorales pendientes de aprobación · No se podrá construir viviendas hasta los 500 metros

La Junta de Andalucía avanzó ayer en la protección del litoral andaluz que aún permanece virgen de la invasión del ladrillo. El Plan de Ordenación Territorial (POT) del Levante almeriense, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, preserva la franja de 200 metros tierra adentro, es decir, duplica la zona de servidumbre prevista en la Ley de Costas estatal, y establece un segundo nivel de protección de entre 200 y 500 metros en los que la construcción se verá limitada a equipamientos y a algún establecimiento hotelero, nunca a viviendas. Pero este precepto novedoso no sólo será aplicable en los 37 kilómetros marítimos de Almería -122 núcleos de población y 81.000 habitantes-. También se aplicará a los planes litorales que están en fase de tramitación o en redacción, según informaron fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

De esta forma, de los catorce planeamientos que tendrán que estar listos para su aprobación de aquí a finales de 2010 o principios de 2011, los ocho costeros tendrán que recogerlo. Sin embargo, su efecto será irregular. Esta medida protectora permitirá salvar amplias zonas litorales que aún permanecen intactas como La Janda o, en menor medida, la Costa Noroeste de Cádiz, ya que el resto de las zonas que se pudieran beneficiar están densamente construidas y pobladas. En este caso, se encontrarían las aglomeraciones urbanas de Huelva, Málaga y Almería, el Campo de Gibraltar o el área Bahía de Cádiz-Jerez.

La prueba de que el departamento que dirige Juan Espadas va en serio está , como él mismo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la suspensión de un núcleo de 500 viviendas proyectado en Carboneras que no llegará a hacerse por estar, precisamente, dentro de ese espacio de los 200 metros de conservación que ya marca el POT de esta comarca almeriense.

Mientras la Junta da este paso, acogiéndose al artículo 23 de la ley de Costas, que recoge la posibilidad de esa ampliación en 100 metros más esa reserva que es el dominio público marítimo-terrestre, y asume un papel más estricto, el propio Gobierno ahora trata de flexibilizar su aplicación, tras años de conflictos con particulares. Sin ir más lejos, a través de un subterfugio como una de las disposiciones de la Ley de Navegación Marítima, abre la puerta para que se puedan vender y comprar las casas construidas antes de 1988 y dentro de este espacio, y que hasta ahora no podían cambiar de dueño.

La directriz marcada ahora por la Junta también concuerda por otro lado con los principios recogidos en la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007. Este documento alerta de la necesidad de frenar la ocupación masiva de la costa y poner coto a la "litoralización" del país, que lleva al 44% de la población española a residir en ese 7% que representan los municipios litorales, y que en Andalucía equivale a que la población concentrada en estas zonas sea ya el 40% -según recoge el Informe de Medio Ambiente 2007 de la consejería del ramo-.

Las razones para contener esta saturación urbanística no son sólo la protección paisajística y medioambiental de la franja litoral, sino también para evitar lo que se pronostica que sucederá por el cambio climático: el aumento del nivel del mar y el consiguiente retroceso de las playas y la ampliación de las cotas de inundación que expondrán a la costa andaluza, en especial, al área occidental, "a daños significativos y crecientes".

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