La Junta de Andalucía reaccionó ayer con dureza contra el informe elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) en el que, según los ejemplos elegidos, Andalucía figura como la comunidad autónoma que mantiene una mayor presión fiscal. La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige José Antonio Griñán, calificó el documento del Reaf, cuyas conclusiones publicó este diario, como "inexacto e irreal, ya que no analiza el resto de políticas sociales que ejecuta el Gobierno de Andalucía". Esta Consejería, a través de un comunicado, añadió sobre el Impuesto de Sucesiones que el panorama tributario cambiará "cuando se hayan ganado las elecciones".

Reaf concluyó que en los impuestos de la Renta, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones, Donaciones y Sucesiones la presión fiscal andaluza está por encima de la media española. La Junta entiende, sin embargo, que la estructura económico-social de Andalucía es diferente a la del resto de comunidades y que "para realizar un ejercicio comparativo de las regiones habría que analizar el conjunto de políticas públicas destinadas a los diferentes colectivos, tanto las ayudas directas como las medidas tributarias".

Mantienen además en Economía que en los ejemplos utilizados para elaborar este análisis se utilizan unos perfiles de familias muy lejanos a los de la media andaluza y que se han elegido supuestos "donde la mayoría de las deducciones andaluzas no se aplican, pero las valencianas sí".

Según la Consejería, que una pareja declare en el IRPF unos ingresos por el trabajo por cuenta ajena de 22.000 y 20.000 euros anuales por cada cónyuge está lejos de lo que ganan los andaluces, 13.962 euros de media, afirma. Tampoco considera un precio real para un piso en Andalucía los 180.000 euros con los que valora una casa Reaf en sus ejemplos de los impuestos de Donaciones y Transmisiones. El valor medio de una vivienda de segunda transferencia, mantiene, es de 103.000 euros a efectos de liquidación de tributos cedidos.

El PSOE andaluz guardó ayer silencio sobre este informe. Sin embargo, el documento fue utilizado por los partidos de la oposición para atacar la política fiscal del Gobierno de Chaves.

Esta "discriminación" fiscal supone, para el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, graves repercusiones, no sólo para las familias, sino también para las empresas que quieran implantarse en la comunidad. "Este tratamiento ahuyenta la inversión y provoca la fuga de empresas a otros territorios, lo que incide en la pérdida de empleo", apostilló.

El informe del Reaf demuestra para el PP que Chaves "no cree en la autonomía" al poder aplicar ventajas fiscales y no cumplirlas, por lo que desacreditó todas las propuestas electorales que el PSOE pueda anunciar.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, mantuvo que la gestión tributaria del Gobierno andaluz no se puede analizar sólo desde la perspectiva del volumen de exenciones aplicadas, sino sobre qué revierten, además de cuánto se recauda y en qué se gasta este dinero.

En este punto coincide el candidato por Coalición Andalucista, Julián Álvarez, que avanza en la idea de que en tiempos de recesión económica la intervención no debe ir al recorte de impuestos, por la merma de la inversión que supone.