La jornada semanal de 35 horas entrará en vigor el próximo lunes para los más de 270.000 trabajadores de la Junta de Andalucía sin que el Gobierno central haya aclarado aún si recurrirá al Tribunal Constitucional para solicitar su revocación, tal y como hizo con disposiciones similares de Castilla-La Mancha y País Vasco. "La Junta está preparada para aplicar las 35 horas a partir del lunes y así se hará", insistió ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La negociación entre ambas administraciones arrancará el miércoles de la semana que viene, una vez que el nuevo cuadrante laboral haya comenzado a ser aplicado. Ese día se reunirá por primera vez la Comisión Bilateral entre la Junta y el Estado a instancias del Ministerio de Presidencia y Administración Territorial que dirige la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En el encuentro, que se celebrará al día siguiente de la Conferencia de Presidentes autonómicos, se abordará el decreto ley que regula la jornada de los empleados andaluces. La norma recoge el acuerdo suscrito entre la Junta y los sindicatos en junio del pasado año y fue aprobada por el Parlamento regional el 11 de noviembre con la abstención de PP y Ciudadanos y el voto a favor del resto de formaciones. Precisamente, Sáenz de Santamaría anunció la intención del Ejecutivo central de abrir un "diálogo" con la Junta en una visita a Sevilla al día siguiente de la votación parlamentaria.

El Gobierno andaluz, que desveló ayer la fecha de la Comisión Bilateral, estará representado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, acompañada de miembros de su equipo. La Junta confía en que se llegue a un acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional. "Entendemos que es una decisión de justicia que beneficia a los empleados públicos", defendió el portavoz del Ejecutivo andaluz.

En el caso de Castilla-La Mancha, el Consejo de Ministros tardó poco más de cuatro meses desde su entrada en vigor en presentar el recurso de inconstitucionalidad. El 1 de enero de 2016 comenzó a aplicarse la jornada semanal de 35 horas aprobada por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page. Pero los 70.000 trabajadores de la Administración castellanomanchega volvieron el 6 de mayo a las 37,5 horas cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Estado, lo que provocó su suspensión automática. Finalmente, el Pleno del Alto Tribunal declaró su nulidad por ser "incompatible" con la legislación estatal, de rango superior, según la sentencia publicada el pasado 30 de septiembre.

La situación es diferente en el País Vasco, donde el Gobierno autonómico aprobó la reducción de la jornada semanal en febrero de 2016. En mayo, la Abogacía del Estado recurrió por la vía contenciosoadministrativa en vez de acudir al Constitucional. El Tribunal Superior del País Vasco (TSPV) dio la razón al Estado a finales de año, pero la sentencia no incorporó medidas cautelares, como la aplicación inmediata de las 37,5 horas vigentes en el resto de España. Así, los funcionarios vascos siguen disfrutando de las 35 horas mientras que el Tribunal Supremo no resuelva el recurso que interpuso el Gobierno vasco contra el fallo del TSPV.