Así como la calidad se convirtió en una palabra exenta de valor en mercadotecnia de tanto utilizarla, los planes, mesas y pactos deberían ser abandonados de la jerga política porque ya no significan nada extraordinario. El próximo martes, el Consejo de Gobierno de la Junta celebra un pleno monográfico para abordar la tremenda tasa de desempleo que soporta Andalucía -algo más del 35%-; se trata de una reunión que ya se retrasó esta semana bajo el argumento de que había que concretar las medidas, pero lo cierto es que este nuevo plan se sumará, al menos, a otros tres que ya ha aprobado el Ejecutivo de José Antonio Griñán desde que comenzó su segunda legislatura en la primavera pasada. Bastaría con que se pusieran en marcha algunos de los planes contenidos en los Presupuestos de 2013 para extraer de ellos una respuesta, al menos para el corto plazo, a muchos desempleados que ya no cobran ni prestación ni ningún tipo de ayudas.

Algunos consejeros del Gobierno andaluz han explicado a este medio que, realmente, es de eso de lo que se trata, mientras otros explican que la reunión debería concluir con tres o cuatro medidas urgentes, basadas en el Presupuesto, pero que pudieran visualizarse como una acción del Ejecutivo más allá de las críticas que desde Andalucía se vierten sobre Madrid a causa de su política de restricción del gasto.

Así, el 26 de junio del año pasado, el Gobierno ya aprobó lo que se denominó Plan de Choque por el Empleo, que se dotó con 200 millones de euros y que se suponía que debería crear 11.100 puestos de trabajo hasta finales de 2013. Este plan -de nuevo, la palabra excesiva- consistía en dar trabajo a los desempleados en obras en los colegios y en pequeñas infraestructuras como el arreglo de carreteras. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, explicó el martes pasado que aún no había una valoración porque, en teoría, el plan termina en 2013, un hecho que llamó la atención cuando se aprobó por su larga duración. En teoría, se concibió como de urgencia.

Este mismo plan se incluyó en el Presupuesto de 2013, pero dotado con 177 millones de euros. Se supone que el objetivo es el mismo, el de los 11.100 empleos, más 500.000 jornales en el medio rural. Pero es que, además de ello, el Presupuesto de 2013 contiene un Plan Especial de Acción Social para dar una renta de subsistencia a los desempleados sin ayudas y a las mujeres maltratadas. Esta fue una iniciativa de IU, los socios de gobierno del PSOE, y se dotó con 60 millones de euros. El plan -otra vez, la palabra recurrente- se concibió como una ayuda de emergencia, y se confió a los ayuntamientos su ejecución, al entender que son los consistorios son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos. Las ayudas iban vinculadas a trabajos o a formación.

Esta renta de subsistencia aún no se ha puesto en marcha ni se ha abordado con los ayuntamientos y, cuando se explicó, se aseguró que no venía a sustituir al llamado salario social, una cantidad de dinero para las situaciones más difíciles que oscila entre los 392 y los 633 euros mensuales dependiendo de las cargas familiares.

Algunas fuentes del Gobierno han explicado a este medio que desde hace dos semanas se les está solicitando a distintos departamentos propuestas para llevar al Consejo de Gobierno del próximo martes, pero lo cierto es que, al menos en los papeles, la Junta cuanta con instrumentos ya aprobados. Estas mismas personas han explicado que este consejo obedece a una maniobra del vicepresidente, Diego Valderas, de IU, que de algún modo, "debe justificarse ante los suyos". Fuentes de IU lo niegan, aunque sostienen que el Gobierno debe presentarse ante la sociedad andaluza con varias medidas concretas, considerando, no obstante, que es al Ejecutivo de Rajoy al que corresponde la mayor parte de la responsabilidad del paro, y citan la política de austeridad y a la reforma laboral.

Desde que se formó el Gobierno de coalición, la aprobación de los Presupuestos de 2013 ha centrado gran parte de la acción del Ejecutivo de Griñán, ya que hubo que adaptarse al objetivo del 0,7%, negociar con Madrid la elevación del techo de la deuda -sin lo cual, hubiese sido imposible sacar adelante las cuentas- y pactar algunas medidas con IU. En el Parlamento sólo han entrado, además de la ley del Presupuesto, dos sobre colegios profesionales, que en la actualidad se encuentran en tramitación.

Además del Presupuesto y de varios decretos leyes que relacionados con el reequilibrio de las cuentas para alcanzar el objetivo de déficit, la actividad legisladora del Gobierno ha tenido el hito del programa para la protección del litoral, que amplía hasta 500 metros la franja costera donde no se puede construir.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado que el martes también solicitarán al Ejecutivo de Madrid un plan especial de empleo como el que ya tienen Canarias y Extremadura, y que, de momento, ha sido negado a Andalucía.