Tras dos semanas de presión, la Junta encontró ayer aire en el caso de las falsas prejubilaciones detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE). Si desde hace días el PP lleva exigiendo explicaciones por las responsabilidades políticas que tenían en la tramitación de estos ERE no sólo los consejeros de Empleo sino también el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como responsable de los asuntos económicos, los populares vieron cómo el caso se ha revuelto contra ellos en uno de los ERE puestos bajo sospecha, el de Minas de Riotinto en 2003. 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, indicó el lunes que su departamento revisará el plan de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía e inspeccionado entonces por el Ministerio de Trabajo que presidía el popular Eduardo Zaplana. El contraataque de la Junta entromete al entonces delegado del Gobierno en Andalucía, el actual candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al propio Arenas como ministro de Administraciones Públicas. 

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, exigió ayer explicaciones al PP después de acusar a la Junta de falsear edades y coeficientes reductores, cuando ahora resulta que "nos encontramos ante el cazador cazado". 

"Arenas calificó de espeluznante la manipulación de los coeficientes y ahora resulta que este expediente era responsabilidad absoluta del Gobierno del PP, siendo ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía y mediador con los trabajadores Juan Ignacio Zoido, actual candidato a la Alcaldía de Sevilla", denunció.

Zoido, según la Junta, fue el responsable político que mantuvo todas las reuniones con los sindicatos y "validó" a instancia del Ministerio las listas de prejubilados y los trabajadores que aportaban los sindicatos sobre un ERE que financiaron el Estado y la Junta. Por ello, la consejera opinó que si Arenas consideró espeluznante este caso, como dijo en unas declaraciones públicas la semana pasada, "confío en que estime espeluznante también la gestión de Zoido y Zaplana".

"El PP está disparando a todo lo que se mueve, pero en este caso se ha disparado a sí mismo, pese su lamentable juego de intentar mancharlo todo", censuró Moreno.

El secretario general del PP, Antonio Sanz, avanzó horas más tarde que su formación emprenderá acciones legales contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, -que realizó la misma denuncia en el Senado- y contra la consejera Moreno, por "involucrar de manera zafia e injuriosa" a los tres dirigentes del PP. En declaraciones a Europa Press, Sanz, consideró "de chiste" que el PSOE pretenda que los andaluces se crean que fueron Zoido y Zaplana "quienes colaron a intrusos socialistas en los ERE".

Fuentes del PP de Sevilla defendieron la labor de Zoido en su etapa de delegado del Gobierno andaluz y expusieron que en ese trámite participó el Gobierno porque se trataba de una empresa minera y a ello obliga una ley para este sector. Según estas mismas fuentes, el Ministerio de Trabajo no determinaba las personas que eran objeto de regulación, ya que esa competencia estaba transferida a la Junta de Andalucía, y sólo fijaba los coeficientes reductores de la edad de jubilación por categorías profesionales, para que cuando llegase el momento de la jubilación pasaran a percibir la pensión de jubilación correspondiente de la Seguridad Social.

De otro lado, Moreno aseguró que en menos de un mes se habrá completado la investigación interna sobre los 45 ERE "vivos", es decir, sobre los que aún reciben ayudas los ex trabajadores y de los que hace dos semanas dio cuenta de 30, en la que se detectaron 37 irregularidades en 12 empresas.

Preguntada acerca de si la Junta podría pensar en la supresión de las comisiones de investigación en el Parlamento, Moreno ironizó con que sería "un debate interesante que se podría hacer en muchos parlamentos" en referencia a que se trata de "una figura francamente en desuso" en otras comunidades, no sólo en Andalucía.