El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha puesto números a una práctica que ha venido siendo habitual en los últimos gobiernos de la Junta: la ejecución incompleta de los presupuestos anuales, bien por una incapacidad para la gestión o por la ligereza en presupuestar partidas de difícil gasto. Esto resulta, especialmente, grave en el caso de los políticas de empleo, de ahí que la Junta haya tenido que devolver al Gobierno central 1.138 millones de euros entre 2012 y 2018 al tener paralizados los cursos de formación.

Desde la Operación Edu, en 2011, la Junta no encarga cursos de formación a los desempleados. La nueva consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha explicado que necesita fondos para desatascar las justificaciones de los cursos anteriores, imprescindible para poder licitar nuevos programas. El grado de ejecución del Presupuesto es del 91,8%, se han dejado sin gastar 2.244 millones de euros. "Una no ejecución de algo más del 8% del gasto no financiero puede parecer poco, pero recae de forma sistemática y masiva sobre las operaciones de capital y afecta especialmente a los programas de fomento empresarial y apoyo a sectores productivos, las políticas de empleo, las infraestructuras educativas y sanitarias, así como algunos importantes programas de la política social", ha indicado.

En la comisión parlamentaria, Juan Bravo ha revelado que la liquidación de los presupuestos anteriores  arroja una falta de ejecución anual media de 2.100 millones de euros, por lo que el total en la legislatura, de 2015 a 2018, es de 8.434 millones de euros. En su opinión, esto se debe a "una mala praxis presupuestaria al presentar sistemáticamente unos Presupuestos que en determinadas políticas, programas y partidas no alcanzan niveles razonables de ejecución", al tiempo que denota "una gestión ineficaz e ineficiente de las políticas públicas que impide en muchos casos desplegar las políticas programadas".

En el capítulo de inversiones reales se ejecutó sólo un 46,3%, 601,2 millones de euros de los 1.298,6 millones presupuestados. En el caso de las transferencias de capital, se presupuestaron 2.401 millones, de los que se ejecutaron 1.398,5 millones. El caso más grave se da en las políticas de empleo. El grado de ejecución del programa 32E de Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo es de un 44%: de un crédito definitivo de 786 millones, 441 no se ejecutan. Y en el programa 32D de Formación Profesional para el Empleo, de un crédito definitivo de 306 millones, 222 no se ejecutan, esto es, el 72% sin ejecutar.

"El balance 2013-2018 -ha dicho Bravo-  en estos programas suma una falta de ejecución del 63%, un del 48% en empleabilidad y un 85% en formación, es decir, estamos hablando de 3.696 millones de euros presupuestados sin ejecutar en políticas de empleo". Se trata de una falta de ejecución que ha supuesto una "enorme ineficiencia", ya que se han perdido más de 1.138 millones de financiación finalista estatal para políticas de empleo que el Estado ha puesto a disposición de Andalucía entre 2012 y 2018.

El consejero ha informado asimismo sobre la recaudación de las principales figuras tributarias en el ejercicio 2018 en Andalucía y sobre eventuales desviaciones respecto a las previsiones incluidas en los Presupuestos de ese ejercicio. En este sentido, el montante total de la recaudación neta de Junta y sus agencias administrativas ascendió en 2018 a 16.529 millones de euros, un 3,4% más que en 2017 (15.984 millones), y alcanzando un nivel de cumplimiento del 99,8% respecto a la previsión inicial (16,551,14 millones).