La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una queja de oficio para conocer si se evalúan las políticas públicas que garantizan la igualdad en el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, después de que la Dirección General de Personas con Discapacidad haya informado a la institución de la "efectiva evaluación" de las mismas mediante la realización de informes anuales de seguimiento. Según apunta el Defensor en su resolución, la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, señala que "acepta" la recomendación de la institución relativa a la "necesidad" de impulsar actuaciones para la evaluación en las políticas públicas en materia de discapacidad, por lo que la institución "procede a dar por concluida su actuación".

En su recomendación, el Defensor aconseja a la Junta que "impulse las actuaciones que procedan para que se lleve a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimen más idóneos para ello".

En la queja de oficio abierta el pasado año y ahora cerrada, el Defensor señalaba que con motivo del encuentro que mantuvo en noviembre de 2015 con las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad, "se puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas realicen informes de evaluación de las políticas publicas destinadas a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas dirigidas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad".