En los últimos días, las consejerías, delegaciones provinciales y organismos autónomos de la Junta de Andalucía han tenido un ajetreo inusual para estas fechas. La razón: de forma excepcional, la Junta ha adelantado un mes el plazo límite para tramitar sus compromisos de pagos a terceros.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública publicó el pasado lunes una orden en el BOJA por la que cerró a fecha de 30 de noviembre la tramitación para hacer frente a los compromisos de pago de la Junta, cuando hasta ahora era habitual que ese periodo concluyese el 30 de diciembre.

Esta nueva orden -conocida tres días antes del cierre- modifica la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2011 publicada apenas un mes antes, el 19 de octubre, y cambia la fecha límite para que todos los gestores de la Administración presenten ante las intervenciones las facturas pendientes con terceros. Así el grifo del gasto corriente de la Junta se cierra un mes antes para el ejercicio de 2011 y se traspasan a 2012 los compromisos que no se puedan tramitar.

Fuentes de la Junta confirmaron que esta operación se realiza, uno, para asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago contraídos por la comunidad y, dos, para cumplir con el "exigente" objetivo de estabilidad presupuestaria para este año.

Las mismas fuentes aseguran que este adelanto permite a la Junta una "parada técnica" para evaluar y subrayan que otras comunidades también han utilizado esta herramienta en la tramitación de su gasto corriente -Galicia , finales de septiembre; Murcia, 18 de noviembre; Castilla y León, 2 de diciembre; País Vasco, 30 de noviembre; Madrid, 15 de diciembre o Cataluña, 21 de diciembre-. La Junta reconoce que esta actuación concreta ha podido conllevar una "concentración de tareas en los distintos centros directivos" en los últimos días.

Sin embargo, para otras fuentes consultadas por esta redacción, la operación no es tan inocua como describe la Junta. Este "excepcional" adelanto en la fase de pagos puede perjudicar a empresas que prestan servicios a la Administración andaluza y hacer estragos en sus previsiones de contabilidad para el presente año.

Ponen como ejemplo una empresa de seguridad que trabaje para la Junta. No podrá facturar diciembre, porque el trámite se ha cerrado un mes antes y ese compromiso se "vuelca" para el siguiente ejercicio de 2012. Es la propia empresa la que tiene que asumir esa alteración y hacer sus ajustes.

Bajo esta óptica, esta modificación afectaría a empresas que trabajan para la Junta en labores de mantenimiento, limpieza, vigilancia, telefonía, publicaciones, imprenta, campañas promocionales y otras, que verán postergados sus cobros al ejercicio siguiente e, incluso, si pagan a sus trabajadores a mes vencido, puede que incluso tampoco cobren noviembre si sus facturas no han llegado en plazo, exponen las mismas fuentes.

Hay que tener en cuenta, subrayan, que la Junta ha ordenado este adelanto de forma precipitada, y que las consejerías o delegaciones provinciales han tenido muy poco tiempo para compilar todas estas facturaciones, que en muchos casos se trata de las de todo el año, y se ha corrido el riesgo de dejar fuera a algunas empresas que han prestado servicios ante esta premura en el cierre.

Otra incidencia, en los propios Presupuestos, es que las cuentas de 2012 se encontrarán con este gasto imprevisto. Se cuadran las cuentas de 2011, pero se "aminora" el capítulo de gasto corriente en el Presupuesto de 2012 que tendrá que gestionar, hay que recordarlo, el partido que resulte vencedor de las próximas elecciones autonómicas en primavera.

Un funcionario de la Administración autonómica subraya que el aplazamiento de un mes en los pagos puede incidir entre un 15 y un 20% del gasto corriente total de la Junta. Esto se explica en que, en los primeros meses del año, la ejecución presupuestaria de la Junta es muy baja y no es hasta pasadas las vacaciones de verano cuando llegan las facturaciones.

En torno a un 80% de la ejecución se realiza en el último trimestre, calcula este funcionario. Si se recorta uno de esos meses en los que habitualmente se paga a terceros, en torno a un 15 o un 20% del gasto corriente pasaría al próximo ejercicio. Se trataría de "cientos de millones de euros". El gasto corriente en bienes y servicios en 2011 (capítulo II) asciende a 3.384 millones de euros, por lo que un 20% sería una cantidad que rondaría los 680 millones de euros que la Junta dejaría de pagar este año.

Quienes mantienen esta tesis, que reprueba la Junta, sospechan que la Tesorería de la Junta está "frita", describen gráficamente, y por esa razón se lleva a cabo esta alteración en el proceso de pago para no hacer frente a las obligaciones con las empresas y cuadrar las cuentas de 2011 ante las exigencias del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit.

Hay gastos que se libran de este corte en la fecha límite y tienen hasta final de año. Son los créditos para personal de la enseñanza concertada; las relativas a pensiones asistenciales y gastos que hayan de ser aprobados por el Consejo de Gobierno; las de deuda pública y aquellos otros que autorice excepcionalmente Hacienda.