La Junta de Andalucía presentará el 4 de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) por invadir competencias en materia de evaluación y de garantía de calidad, ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso. Además, se incluirá la petición de suspensión cautelar de la normativa.

En su comparecencia en el Parlamento, Alonso ha explicado que esta decisión se ha adoptado "no de manera caprichosa, sino porque Andalucía se opone a la intrusión competencial del Estado en el sistema educativo", y ha añadido que "se trata de una obligación institucional y moral si queremos que el alumnado andaluz sea educado con valores de tolerancia y libertad". Según el consejero, Andalucía garantizará un modelo educativo basado en la igualdad y la calidad, sin dejar a nadie atrás, y para ello se adoptarán todas las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad que impidan la segregación temprana del alumnado de las enseñanzas básicas, a pesar de la Lomce.

Ha advertido de que con esta ley no se acaba con el fracaso escolar "sino que solo se eliminará de las estadísticas a quienes fracasen" y ha agregado que la Lomce "más que una ley es toda una incógnita" que no da respuesta a los retos educativos del siglo XXI ni a los ciudadanos. La norma es "técnicamente deficiente, con un calendario de difícil aplicación y sin la adecuada financiación económica" y su implantación tendrá consecuencias "irreversibles" para la educación porque supone "un auténtico disparate de la improvisación, el próximo curso se acerca y cada vez es más difícil poder aplicarla en unos meses", según Luciano Alonso. Ha alertado sobre el problema que supone poner en marcha, "en tan solo unos meses" una ley con un problema estructural "muy grave" y ha anunciado que Andalucía elaborará sus propios decretos de enseñanzas con una carga más humanista e integral, se mantendrá los refuerzos educativos y la atención a la diversidad.

Otras de las iniciativas será la de incluir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con la finalidad de romper el equilibrio que la nueva norma ofrece al situar los principios constitucionales al mismo nivel que los religiosos, según Alonso, quien ha añadido que se reducirá el tiempo mínimo exigible por la ley a la materia de Religión.

En cuanto a los libros de texto, ha destacado que se mantiene el programa de gratuidad "pero solo serán gratuitos aquellos que se editen conforme a la norma autonómica", informa en una nota.

En relación a la dirección de centros, en Andalucía se determinará para la Comisión de Selección de Directores un porcentaje de participación equilibrada y ponderada y se garantiza la permanencia del profesorado dos cursos seguidos, frente a la rotura de los ciclos educativos que recoge la Lomce. La Junta no sostendrá con fondos públicos a aquellos centros que opten por la educación diferenciada, según el consejero.