La acusación que ejerce la Junta de Andalucía ha recurrido la decisión de la juez María Núñez Bolaños de archivar la causa abierta contra una ex cargo de la propia Administración autonómica investigada en la pieza separada de los ERE fraudulentos relacionada con los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla vinculado a los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago.

La Junta se dirige contra el auto del pasado 17 de enero en el que la magistrada archivó la causa contra la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa al entender que, "aunque como señala la Junta consta sin duda la participación" de Rofa en la gestión en los pagos de determinadas ayudas, "sin embargo no existen indicios de que dicha participación fuera dolosa y más allá de la mera actuación como técnico" de la Dirección de Trabajo. En ese auto, la juez también archivó la causa el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán, aunque este último archivo no es recurrido por la Junta al considerarlo "ajustado a Derecho".

La juez Núñez Bolaños la exoneró de la pieza de la trama en la Sierra Norte de Sevilla

A juicio de la administración regional, la participación de María José Rofa "se deduce claramente de las diligencias de investigación llevadas a cabo", en las cuales consta que, en la época en que Juan Márquez fue director general de Trabajo, "se suscribieron convenios para la materialización de ayudas a empresas radicadas en la Sierra Norte, entre ellas las vinculadas a Rosendo/Sayago, por importe de 549.500 euros".

"En dicha materialización, al menos indiciariamente, tuvo participación" la investigada, ya que, "como mano derecha del director general de Trabajo, se encargó personalmente de que el resultado, presuntamente, repetimos, delictivo, se produjese", asevera la Junta en el recurso de reforma. Asimismo, relata que en la propia documentación aportada por la defensa de Rofa consta que ésta "gestionó directamente los pagos de determinadas ayudas, constituyéndose en interlocutora de la Administración frente a los empresarios y en interlocutora frente al director general a nivel de gestión de los expedientes", por lo que "su intervención consistió en la realización de una parte necesaria de la ejecución del presunto delito"