Andalucía será la primera comunidad que cuente con una regulación específica para la aplicación de la ley de dependencia a los menores de seis años. Cuando entre en vigor el plan aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Educación y Salud contarán con una estrategia transversal para atender a los niños de hasta seis años con algún tipo de discapacidad o que presenten riesgos de desarrollarla.

La norma, que organiza medidas con un coste anual de 200 millones de euros, otorga prioridad total a los menores de seis años en su acceso a las prestaciones de dependencia. En la actualidad hay 4.168 niños en Andalucía que tienen reconocido, al menos, un 33% de discapacidad. De ellos, 2.054 están ya dentro del sistema de dependencia, explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, cuyo departamento se encarga de coordinar las políticas en esta materia.

El plan involucra a las consejerías de Salud, Educación y Políticas Sociales

Sánchez Rubio insistió especialmente en la necesidad de reforzar los sistemas de detección de posibles discapacidades, tanto en el ámbito sanitario -sector donde tienen gran protagonismo las políticas de Atención Temprana-, como en el educativo. Precisamente los profesores de Infantil recibirán formación específica para ser capaces de detectar desviaciones del proceso evolutivo.

En las medidas que competen a la Consejería de Eduación también destaca la prioridad de escolarización para los menores que presenten discapacidades y el refuerzo de la atención disciplinaria. Por su parte, los profesionales del sistema sanitario se centrarán en las tareas de prevención para las embarazadas; mientras que desde el departamento de Sánchez Rubio se prestará especial atención a las familias en riesgo de exclusión social, así como aquellos menores susceptibles de ser víctimas de violencia y malos tratos.