Andalucía

La Junta se remonta hasta 2008 para investigar sus ayudas a UGT

  • Maldonado quiere acabar "cuanto antes" con el "calvario político" en que se ha convertido el caso

La investigación administrativa que está realizando la Junta de Andalucía se remonta ya hasta expedientes de programas de ayudas archivados cinco años atrás, en 2008. Éste fue uno de los puntos más novedosos de la comparecencia parlamentaria del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Antonio Sánchez Maldonado que ayer tildó de "calvario político" este polémico capítulo -que quiere "esclarecer" y que "acabe cuanto antes"- sobre el supuesto uso fraudulento que el sindicato UGT habría venido dando desde entonces (aunque falta por saber si la investigación se retrotraerá aún más en el tiempo) a los fondos destinados a programadas para empleo.

En total, y como ya informó la propia Consejería hace dos semanas y repitió ayer Maldonado, en este momento existen 19 procedimientos de revisión de subvenciones otorgadas al sindicato entre 2008 y 2012. De ellos, cuatro están en trámite de reintegro, es decir, la Junta ha reclamado ya oficialmente al sindicato la devolución del importe de estos programas, que suman un total de 3,6 millones de euros. Además, otros cuatro expedientes se han enviado ya al gabinete jurídico de la Junta y otros 11 están en "distintas fases de tramitación". Además, existe otro expediente correspondiente a una ayuda de 2012 por valor de 25.000 euros al que la formación renunció con fecha de 25 de octubre de 2013, según recordó el consejero.

Sobre el proceso de revisión de los expedientes y la reclamación de los importes defraudados a la organización que lidera desde principios de 2014 Carmen Castilla, Sánchez Maldonado descargó el peso de las decisiones en los servicios jurídicos y los funcionarios, aunque subrayó que hará todo lo que esté en su "mano" para no agotar el plazo de 12 meses que tiene para la revisión, ya que, confesó, está "deseando terminar" con un asunto que no para de sumar nuevos ceros al fraude. En su día, desde el Gobierno andaluz se hablaba de 17 expedientes bajo sospecha que alcanzarían una cifra cercana a los 7,5 millones de euros. Hoy ya son 19 los expedientes que ha revisado la Administración de Susana Díaz.

Sobre lo abultado de la cifra, que vendría a complicar el futuro del sindicato, Sánchez Maldonado dijo que no le van a "temblar las piernas" en la aplicación de lo que diga el gabinete jurídico.

Precisamente son los letrados de la Junta los que estos días estudian la propuesta de "ampliación del plazo de alegaciones" presentada por el sindicato para tratar de retrasar al máximo la devolución de 3,6 millones de euros que pide la Junta. El sindicato se justifica en que no puede presentar la documentación que acreditaría el buen uso dado a esas partidas porque la juez Mercedes Alaya tiene intervenidos estos documentos. Para ello, la ejecutiva del sindicato solicitó de la instructora del caso un documento que acreditativo que la organización no tiene acceso a parte de la facturación desde en diciembre, cuando se realizó el registro a la sede de UGT-A.

El sindicato empleará esta estrategia si en lo sucesivo recibe nuevos expedientes de devolución, si bien ayer declinó hacer comentarios sobre la intervención de Sánchez Maldonado. Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía confirmaron que "el gabinete jurídico estudia la propuesta" argumentada ahora por UGT.

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