El Consejo de Gobierno de la Junta analizó ayer las nuevas estructuras de las ocho consejerías donde se producirán cambios como consecuencia de la última remodelación acometida por el presidente, José Antonio Griñán, pero habrá que esperar a la próxima semana para saber la cuantía exacta de la reducción del altos cargos, que será al menos de 20 personas. Estas dos decenas corresponden a la integración de dos consejerías, las de Vivienda y Justicia en Obras Públicas y Gobernación, respectivamente, de que lo que cabe restar 16 delegados provinciales (dos por provincia), más los dos consejeros y sendos viceconsejeros. Sin embargo, la Junta ha escogido un mecanismo inusual para aprobar los decretos de estructuras de las consejerías, ya que antes deben pasar por el llamado consejillo, la reunión de viceconsejeros donde se tratan los asuntos que van a Consejo de Gobierno. En esta ocasión, y para dejar clara cuál es la idea del presidente Griñán y evitar las negociaciones entre viceconsejeros, se ha visto en Consejo y se han analizado las líneas generales; ahora, pasarán por el consejillo y, finalmente, el martes volverán al Consejo de Gobierno.

Algunos nombramientos esperados para hoy, como el del concejal de Urbanismo de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como nuevo secretario general de Vivienda, deben esperar al próximo martes, cuando también se apruebe la nueva estructura de la Consejería de Obras Públicas y Viviendas.

La portavoz del Gobierno, María del Mar Moreno, se abstuvo ayer de dar un número concreto de la reducción de altos cargos, aunque aseguró que la reorganización se hará con los criterios de "austeridad, eficacia y mayor operatividad". Sí tardará más en llegar la prevista reorganización de las empresas y fundaciones públicas de la Junta, que corresponderá al trabajo que realice la nueva Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. "Hay una voluntad clara del presidente -aseguró Mar Moreno- y de la consejera de optimizar la dimensión y la operatividad del sector público andaluz".

Los principales recortes saldrán de las consejerías fusionadas, aunque hay que considerar que las funciones administrativas se mantendrán, por lo que no cabe esperar un ajuste mucho mayor de 20 personas. Ayer, por ejemplo, se nombró al secretario general de Administración Pública, adscrito a la Consejería de Hacienda, porque es una nueva competencia de este departamento. La persona elegida es José Ortiz, anterior viceconsejero de Justicia y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta. De los cinco nombramientos acordados ayer, cuatro corresponden a funcionarios de alto rango que venían ocupando cargos de responsabilidad política. Así, Gaspar Llanes, presidente del Consejo de Defensa de la Competencia, es el nuevo secretario general de Economía. Isabel Mayo, subdirectora de Transportes, pasa a ser la secretaria general técnica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y Alejandra María Rueda, que era delegada de Obras Públicas en Almería será la nueva gerente del Servicio Andaluz de Empleo.

El actual director de la Agencia Andaluza del Flamenco, el periodista Francisco Perujo, será el nuevo director de la Oficina del Portavoz. Luis Pizarro , consejero de Gobernación, será el vicepresidente en el Consorcio de Las Aletas.