La administración de Justicia, según el barómetro de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), está en el puesto número 11 de los problemas del país para los españoles, pero es mencionado como uno de los tres principales problemas sólo por el 3,2% de los ciudadanos. Podría pensarse que no es un mal resultado para los jueces si se miran nuestros diez primeros problemas que se reparten distintas versiones de la política y la economía.

Pero en octubre, hace apenas medio año, la Justicia se encontraba en el puesto 17 y sólo era mencionado como uno de los grandes problemas por el 1,7% de los españoles. Por entonces, la valoración del poder judicial ya era bajo, un 3,9 sobre diez, es decir, un suspenso. De hecho, los jueces, como institución, casi nunca han aprobado en las encuestas. "El camino que han recorrido la Policía o la Guardia Civil, que empezaron la Transición con una valoración muy baja y ahora son instituciones que siempre aprueban, no lo han recorrido los jueces", opina Carlos Berbell, asesor de imagen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un periodista que fue pionero en didácticos programas de televisión con juicios y que en su día obtuvo un gran éxito con el formato La máquina de la verdad. Ahora se dedica, entre otras muchas cosas, a realizar programas escolares de acercamiento de la Justicia, asesorar a guionistas para la recreación de célebres casos judiciales y a enseñar a los jueces a relacionarse con los medios.

Berbell estuvo la pasada semana en Cádiz, en compañía de Julia Pérez, asesora de Comunicación del CGPJ, para realizar un taller con una veintena de jueces andaluces. Tras cerca de cuatro horas trabajando con ellos, los asesores fueron despedidos con un sonoro aplauso. Durante ese tiempo Pérez y Berbell habían torturado a los jueces con ejercicios de rol en los que improvisaban ruedas de prensa con incisivas preguntas de todo tipo. Colocaban a los jueces en callejones sin salida. Algunos asistentes se vieron en situaciones en las que nunca pensaron que fueran a estar. La mayor parte del trabajo de un juez no trasciende a los medios, pero un solo caso puede cambiarle la vida.

Santiago Pedraz, juez decano de la Audiencia Nacional, uno de los magistrados más conocidos de España por su investigación en sonados casos como Afinsa, el etarra De Juana Chaos o la muerte del cámara José Couso en la guerra de Iraq, se define como un hombre tímido. Marido e hijo de periodista, admite cierto temor a la exposición al ecosistema de la comunicación, aunque lo vea inevitable. "Es duro soportar la presión mediática, cuanto más para un juez que no es conocido y de repente se convierte en un personaje de los medios, lo que incluye que se hable de su vida privada. Y entonces sólo tiene dos salidas, ninguna muy buena: o se aguanta o se cabrea".

El CGPJ es consciente de que la administración de Justicia necesita proyectar una imagen de mayor cercanía al ciudadano, que arrastra pesadas mochilas de opacidad, apolillamiento y, en casos extremos, endiosamiento. Antonio Dorado, vocal del Consejo, explica que "todos los ciudadanos han tenido una relación directa con servicios públicos básicos como la educación o la sanidad, pero sólo uno de cada cuatro la ha tenido con la Justicia. Esto significa que el 75% de los españoles tienen una opinión de la administración de Justicia a través de los medios de comunicación y muchos de ellos a través de programas espectáculo de gran audiencia en los que se producen lo que llamamos juicios paralelos. Lo cierto es que la valoración del trabajo de los jueces es mucho mejor entre esos ciudadanos que han tenido una relación directa, sobre todo si han participado como jurados, que los que sólo tienen una información indirecta".

Y lo cierto también es que, pese a que no todo el mundo se relaciona con la Justicia, la Justicia gana espacio en los medios más allá de las páginas de tribunales. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), percibe cómo los casos de corrupción o dopaje han trasladado la información judicial "a las páginas de política, de deportes, de televisión".

Esto hace que periodistas no especializados aborden conceptos jurídicos que no dominan. En esa amalgama se produce la confusión, las "patologías informativas" que derivan en lo que se conoce como pena de banquillo, que convierte en culpable automáticamente a cualquier personaje público que haya entrado en la rueda de la Justicia. Del Río es partidario de "hacer fluir cierta información fidedigna" que combata la sesgada que puede producir la opacidad. Aún así, el juez está expuesto. Si el caso es mediático, el juez tiene un foco de tercer grado iluminándole.

Cada año se dictan 1.800.000 sentencias en nuestro país y Berbell estima que sólo "veinte o veinticinco" marcan la tendencia de la opinión pública. Una sola sentencia, un solo juicio, puede tirar por la borda todo el trabajo de un año. Un ejemplo. Entre octubre y febrero se ha producido una catástrofe para los responsables de imagen del Poder Judicial, una catástrofe que les ha hecho subir seis puestos en los principales problemas que perciben los ciudadanos: los juicios a Baltasar Garzón. Es un problema que ha traspasado la frontera. La prensa extranjera, en general, asoció la condena al ya ex juez no con las escuchas de la red de corrupción Gürtel, sino a la instrucción de los crímenes del franquismo, que ni siquiera fue juzgada. De nada sirvió el esfuerzo que se hizo dando la señal de la imagen del juicio decisivo con una realización que fue alabada por el propio Garzón. El castigo al juez español más conocido del mundo se cobró buena parte del prestigio de la Justicia, más allá de que la sentencia estuviera mejor o peor razonada. "La imagen proyectada en el exterior no era correcta. Hicimos traducciones de la sentencia al inglés y al francés, pero una vez que se publica esa imagen errónea es muy díficil detenerla".

La solución es la prevención y, en ese sentido, ha habido notables éxitos. Uno de ellos fue el macrojuicio del 11-M, trabajado minuciosamente desde el departamento de Comunicación. El resultado fue magnífico tanto dentro como fuera. "Se proyectó una imagen de un país, España, con una justicia moderna. Por primera vez los jueces aparecían en los barómetros con un aprobado y como una de las tres instituciones más respetadas... y, de repente, estalló el caso Mari Luz", recuerda Berbell.

El juez Rafael Tirado, del juzgado número 1 de Sevilla, arrasó los logros conseguidos, entre otros, por el juez malagueño Javier Gómez Bermúdez, que presidió el tribunal que juzgó el mayor atentado perpetrado en España. Tirado, por motivos de saturación que fueron multados con 1.500 euros por el CGPJ, no ejecutó la orden de prisión que tenía pendiente por pederastia Santiago del Valle, que debería haber estado en la cárcel cuando asesinó a Mari Luz Cortés, una niña de cinco años, en Huelva en enero de 2008. La valoración de la Justicia cayó en picado.

Francisco de Asís Molina, juez del juzgado número cuatro de Sevilla, sabía lo que se le venía encima cuando se fijó el juicio por el crimen de la joven Marta del Castillo, una muerte sin cuerpo del delito con un elenco de mentirosos compulsivos como acusados. Molina pidió la ayuda de los asesores de comunicación del Consejo y se creó una oficina de prensa que se encargaba de que la información fluyera para evitar distorsiones. No sólo supuso un ejemplo de transparencia, sino que la Justicia además consiguió un triunfo colateral contra la epidemia de la Justicia como espectáculo. El popular programa La Noria, de Telecinco, pagó por entrevistar a la madre de El Cuco, el menor relacionado con el crimen en plena celebración del juicio. El rechazo que causó ese exceso incitó a los anunciantes del programa a retirar su publicidad y a la cadena a rebajar los contenidos morbosos del programa.

En el caso opuesto se encontraría la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, cuya imagen en las páginas de política siempre con el mismo rictus serio, con la misma maleta y con distinto vestuario han sido un clásico de las últimas campañas electorales. Pero Alaya no ha pedido asesoramiento alguno y los expertos no entran ni salen en su decisión. "Es un servicio que pone el Poder Judicial a disposición los jueces y ellos son libres de utilizarlo o no". Este ir por libre es algo que se censura, de puertas para adentro, por algunos de sus compañeros, que creen que Alaya proyecta una imagen de justicia politizada que no favorece al conjunto del gremio. Paralelamente, consideran, la juez ha sufrido un "linchamiento" en determinados círculos (las famosas insinuaciones de Alfonso Guerra) que se podría haber ahorrado si hubiera medido los tiempos. Con asesor o sin él, Alaya es hoy una de las jueces más conocidas de España e incluso cuenta con un entusiasta grupo seguidor en Facebook con más de mil fans.

Es difícil gestionar determinado tipo de procesos. ¿Cómo se hace, por ejemplo, con un caso en el que se juzga a una mujer de un torero por un supuesto fraude de un escaso montante, pero de una inmensa difusión, ya que la ex del torero, a la misma hora del juicio, protagoniza un programa de máxima audiencia en el que, al tiempo que come ensaimadas, juzga, condena y anatemiza a la acusada? A esto se enfrentó el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, en el caso de El Estado vs María José Campanario, la mujer de Jesulín de Ubrique.

"Recibimos tal número de peticiones de televisiones y prensa del corazón que tuvimos que invertir en una sala de prensa especial con pantallas. Recuerdo que dije en broma que tendríamos que cobrar por el uso de la sala, ya que era un gasto de dinero, que no nos sobra, no para facilitar el derecho a la información, sino un mero espectáculo. Se lo tomaron a mal, pero lo cierto es que esos programas consiguieron grandes audiencias gracias a un esfuerzo económico nuestro", recuerda estrella.

Berbell admite que en ocasiones se escandaliza con el tratamiento que se le da a la Justicia en estos medios de entretenimiento, pero "contra esos programas poco se puede hacer. Nuestro trabajo es hacer que todo ese ruido no afecte a los jueces, intentar que la Justicia no sea un espectáculo. Para ello hacemos la realización de los juicios y damos la señal a los medios. Lo hacemos de manera aséptica. En su día incluso se montó Tribunal TV, pero tuvimos que cerrar precisamente porque no hacíamos espectáculo, sino que era una tarea divulgativa de cómo se imparte Justicia en nuestro país". Las nuevas tecnologías permiten ahondar en estas experiencias. A traves de www.poderjudicial.es se puede acceder al Canal Judicial. Es una forma de acercarse a la ciudadanía. Admite Berbell que hay mucho camino por hacer, pero desafía a las encuestas: "Si la gente no tiene confianza en la Justicia, ¿por qué hemos pasado de siete a diez millones de casos abiertos, diez millones de personas que recurren a la Justicia para pedir ayuda? Alguna confianza tendrán, digo yo".