Andalucía

De Llera se alinea con Del Río contra las secciones penales del TSJA en Sevilla y Málaga

  • El consejero comparte las tesis del presidente del Alto Tribunal y ve "muy difícil" que el Ejecutivo andaluz pueda hacer algo

Emilio de Llera. Emilio de Llera.

Emilio de Llera.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dejó claro ayer que no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de proponer que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

En respuesta a una pregunta oral formulada en comisión parlamentaria por la diputada de IU-CA María del Carmen Pérez, el consejero aseguró, no obstante, que "difícilmente" el Gobierno andaluz puede llevar a cabo ninguna acción en relación a este asunto porque no tiene "ninguna competencia" sobre el mismo, siendo el Ministerio de Justicia el competente.

De Llera explicó que el cambio de sede se debe dar cuando haya circunstancias que lo exijan y que él considera que éstas no se han dado "de momento". Así, indicó que comparte el posicionamiento del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien emitió un voto particular porque "no concurren circunstancias objetivas para esa división" y "no contribuye a una mejor administración de justicia".

Por su parte, la diputada de IU-CA mostró el "total desacuerdo" de su grupo con este acuerdo "fuera de lugar" y se ha sumado a las "protestas" que han surgido en Granada. Tras apuntar que dicha decisión "incumple el Estatuto", Pérez explicó que la ubicación de esta sede en Granada responde a "razones históricas y de arraigo". Junto a ello, defendió que no existe "ninguna justificación de peso" para que se disperse la Sala de lo Penal, "salvo intenciones del Gobierno central". En su opinión, ello supone "un castigo innecesario y otro varapalo más" a la ciudad de Granada.

La noticia también generó el posicionamiento de instituciones locales como la Diputación y el Ayuntamiento granadinos. El pleno de la Corporación provincial aprobó por unanimidad una declaración institucional para reclamar que las sedes de las nuevas secciones judiciales se ubiquen en Granada, acatando así lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. La iniciativa pone de manifiesto que Granada es la capital judicial de la comunidad autónoma andaluza y que la citada denominación no es puramente enunciativa ni una cuestión territorial. "Hay profundas raíces históricas que avalan este hecho", indica la declaración.

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