El fiscal Juan Carlos López Caballero, azote de la corrupción, podrá ser testigo mañana, día en el que se conocerá el fallo del caso Malaya, de un hito en la justicia española. Su nombre ya ha quedado ligado para siempre al intento de acabar con la impunidad frente a la corrupción en numerosos casos de organizaciones de corrupción urbanística, de blanqueo de capitales y de delitos contra medio ambiente, entre otros. Pero su trabajo no habrá finalizado el 4 de octubre, porque tras la sentencia su lucha continuará, David contra Goliat, porque los prestigiosos despachos jurídicos y económicos que defienden a los procesados de Malaya ya amenazan con recursos cuando se les notifique el fallo.

Juan Carlos López Caballero nació en Sevilla en 1956 e ingresó en la carrera fiscal hace ya más de treinta años. Tras un breve paso por las fiscalías de Tenerife y Sevilla, desde 1985 trabaja en Málaga, y en 1998 fue coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, etapas en las que formuló las primeras acusaciones contra el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil por delitos urbanísticos. En 2004 fue nombrado delegado de la Fiscalía Anticorrupción y desde 2012 es el fiscal jefe de Málaga. Siempre ha intentado ir contra el que actuaba al margen de la ley y para ello su mejor baza ha sido su capacidad de trabajo, intenso y arduo que ha desarrollado en solitario.

Incansable trabajador, muy profesional, meticuloso, persistente y sencillo, gana en las distancias cortas, aunque su cabeza no puede dejar de trabajar si tiene algún asunto entre manos. El azote viene trabajando desde hace años y, antes de llegar a Anticorrupción, fue responsable del área de Medio Ambiente durante más de cinco años y ya entonces hizo numerosas acusaciones a Gil y sus concejales.

Hombre temido por las mafias organizadas y especializadas en blanqueo de capitales, estuvo al frente del caso Ballena Blanca, Hidalgo, Troya, Arcos, Astapa así como también ha participado en Minutas y el caso Nilo.

Ha intentado poner freno a todos aquellos que han utilizado una corporación municipal como plataforma para la obtención de un beneficio económico particular al margen de la ley.

Para ello ha necesitado estudiar miles y miles de folios porque ha intentado desgranar decenas de sociedades municipales que han utilizado numerosos ayuntamientos para lucrarse y para crear un urbanismo a la carta, donde predominaba el interés particular.

Delitos muy complejos que necesitan un gran dominio de los números, pero López Caballero tiene una gran vocación en la lucha contra la ilegalidad por lo que cada caso para él es un nuevo reto e intenta estar a la altura, pese a los pocos medios materiales y personales con los que cuentan en la fiscalía.

Siempre ha defendido la necesidad de dar más armas a los fiscales en la lucha contra la actividad delictiva, la creación de grupos de policías especializados y la ayuda de la Agencia Tributaria.

Por primera vez, con él al frente, se ha aplicado una novedosa técnica de investigación. Se ha perseguido el beneficio económico del delito y, gracias al trabajo de la Policía y la Agencia Tributaria, se han comparado los ingresos legales con la capacidad de gasto de los imputados, aflorando así rentas ocultas de dinero. Pero no todo es trabajo, cuando se le enseña la muleta se arranca, y con su guitarra es capaz de hacer pasar un buen rato a todos sus seres queridos.