El abogado José María Mohedano, que representa al viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla contra la decisión de la juez Alaya de impedirle que defienda en la causa de los ERE a un segundo imputado, el ex director general de Presupuestos Bienvenido Aguilera Díaz.

En un auto dictado el pasado martes, Alaya considera que la defensa de ambos imputados es incompatible porque "aunque los inculpados son libres de designar letrado de su elección, los órganos judiciales tienen el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes, situaciones enfrentadas o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas una protección inadecuada de sus derechos e intereses legítimos en el proceso". Ello provoca, según Alaya, la "indefensión" de los imputados, algo "prohibido" por el artículo 24.1 de la Constitución.

Frente a esta argumentación, la defensa de Lozano solicita a la Audiencia que declare la "nulidad" de la decisión de la instructora, que supone "no sólo una injerencia en una cuestión deontológica, estrictamente estatutaria de la abogacía, sobre la compatibilidad de las defensas, sino que compromete el corazón mismo del derecho a la defensa y a la libre elección del abogado". El letrado ha pedido que se suspenda la decisión mientras se resuelve el recurso por la Audiencia porque, de no acordarse dicha suspensión, se podría acarrear "un daño irreversible para el imputado, ya que estaría privado del abogado de su confianza en este proceso penal".

Mohedano añade que ni siquiera una supuesta incompatibilidad entre los intereses de la defensa, que su cliente no comparte, "podría conducir a privar y a limitar" a su representado de la libre elección de abogado, porque la jurisprudencia establece "limitaciones muy importantes a la discrecionalidad de la juez a la limitación de libre elección del abogado".