Dice Jesús Maeztu que todos los índices sobre la situación de los andaluces coinciden en un mismo diagnóstico: la sociedad andaluza -y la española- pasa por una "insoportable situación de desigualdad" como causa de una crisis que se supone finiquitada. Es cierto, si se miran los datos macroeconómicos, pero "la mejoría no llega abajo". "Y no sólo no llega abajo, sino que en la mejoría cuantitativa están los cimientos de una desigualdad mucho más profunda", asegura el Defensor del Pueblo Andaluz, que ayer entregó al Parlamento su informe sobre 2016.

La década de crisis económica ha tenido efectos nocivos para el Estado del Bienestar y la prueba está en que el 60% de las quejas que atendió Maeztu el año pasado trataban sobre las carencias de los sistemas sanitario, educativo o de dependencia. Esos recortes en políticas públicas no ayudan a paliar una desigualdad que procede de "la precariedad" resultado de "la reforma laboral y la supresión de la negociación colectiva".

La mejora económica no llega abajo y es uno de los cimientos de la desigualdad"

El diagnóstico de Maeztu es claro. "Nunca ha habido igualdad, había grupos sociales definidos pero antes la desigualdad era plana". Es decir, no aumentaba. Ahora, afirmó ayer el Defensor, "vivimos la destrucción de las clases medias y entre las clases básicas hay muchos en situación de pobreza y en riesgo de exclusión". En Andalucía, recordó Maeztu, hay un 12,4% de la población que vive "con poco más de 300 euros al mes". "Los pobres son más pobres. Eso es la desigualdad", sentenció.

La nueva situación induce cambios en la naturaleza de las quejas. Es sintomático que en el ámbito educativo se sigan reduciendo las actuaciones motivadas por los procesos de escolarización y crezca el protagonismo de las que atienden a la equidad en la enseñanza. Ahí destacó Maeztu las carencias que soportan los alumnos con necesidades especiales.

El sector educativo ocupa el tercer lugar entre las materias más recurrentes en las quejas gestionadas en 2016, sólo por detrás de aquellas relacionadas con personal del sector público y la vivienda. En este ámbito también se aprecian cambios provocados por la crisis económica. El informe de Maeztu califica de "incontables, a la vez que escalofriantes", las peticiones de vivienda pública protegida, pero reconoce que hay un sector de la población "con una economía precaria" que sólo pueden permitirse pagar un alquiler social y no hay un parque público suficiente para atender a esa demanda. A esto hay que sumarle los retrasos -en algunos casos de año y medio- que se han registrado en la tramitación y los pagos de las ayudas al alquiler.

La cuarta materia más recurrente en el total de quejas atendidas en 2016 por el Defensor del Pueblo son las referentes a menores, seguida por las relacionadas con el medio ambiente. En sexto lugar se colocan los servicios sociales, que el año pasado tuvieron incluso un informe específico para analizar la vigencia del salario social en Andalucía un cuarto de siglo después de su creación. Se congratuló Maeztu de que el 90% de sus alegaciones al nuevo decreto que regulará esta prestación estarán en la redacción que pretende aprobar próximamente la Junta. En servicios sociales también hubo numerosas quejas sobre la dependencia por el retraso en la inclusión en el sistema, sobre todo tras el reconocimiento a los dependientes moderados a finales de 2015.

La sanidad también aunó un número importante de quejas el año pasado. A las clásicas motivadas por las listas de espera para operaciones y pruebas hay que sumarles aquellas relacionadas con la gestión de la Junta, muy en consonancia con la movilización social que hubo durante todo el año pasado. En total, el Defensor del Pueblo Andaluz atendió el año pasado 10.128 quejas, un 15% más que en 2015. Algunas son novedosas y otras aluden a problemas que se remontan muchos años. "Es frustrante", reconoció Maeztu, que sin embargo aseguró que "el día que las quejas no se repitan, no hará falta defensor". Ese es el objetivo.