El decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado por el Gobierno andaluz y recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene un ferviente defensor en el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que cuestiona ese recurso. El titular de la institución no pierde la esperanza en que ambas administraciones puedan llegar a una solución sobre el decreto contra los desahucios a través de la cual puedan "convivir y coordinarse". Esa coordinación debería producirse durante el periodo de al menos cinco meses que estará paralizado el decreto con el fin de proteger las necesidades de los ciudadanos.

Partidario de la función social de la vivienda, el Defensor considera que hay que "ayudar a que sea efectiva la función social de la propiedad", un tema "nada nuevo, pero que ahora se hace nuevo por la demanda social" que ha provocado la crisis económica. "Me parecería bien que el decreto andaluz y el nacional se fundieran y dieran respuestas reales a la gente en riesgo de exclusión social. La calle no puede ser la casa de esta gente y hay que dar soluciones".

Además de apostar también por poner a disposición de las familias en riesgo de exclusión las viviendas desocupadas del parque público, Maeztu no se opondría a un uso temporal de la propiedad con el pago del alquiler social correspondiente. "Esto no arruina a nadie ni tiene efecto bumerán en la economía o en la banca". Maeztu apuesta por que la Junta y el Gobierno deben coordinarse y conciliar medidas para dar respuestas a este grave problema social, y ha recordado que la ley hipotecaria "no responde" a la situación actual.

Del recurso presentado por el Gobierno en el TC contra el decreto antidesahucios, el Defensor andaluz no duda en sostener que se trata de una "medida coyuntural". "Acudir al recurso es prolongar la situación y paralizar procedimientos abiertos. Ni agrada ni soluciona nada, ni satisface a nadie", indica Maeztu.

Según las tesis de Maeztu, el legislador tiene que dar soluciones a los problemas derivados de una crisis, cuyos ciudadanos están "en riesgo de exclusión, y elaborar una ley que responda a la realidad actual". El Defensor alerta de que hay un "cierto riesgo" de que se produzca una "quiebra" del estado del bienestar y no ha ocultado su preocupación por que éste sea sustituido por el "estado de beneficencia".

Por esta razón, reclama a los gobiernos central y autonómico que los "recortes y ajustes se prioricen en otros campos" y en que mantengan lo conseguido en el estado del bienestar en base al nivel de renta.

Por otro lado, Maeztu tiene muy claro que la institución que representa debe ser "leal y crítica, pero también incómoda" con la administración, lo que justifica en la idea de que su punto de vista "es el del ciudadano, no el de la administración". Sobre su papel al frente la institución, afirma que el Defensor deber ser un colaborador "leal y crítico con la administración, exigente y a veces incómodo". "La lealtad institucional es muy seria. No estoy aquí para decir que conmigo no va la crisis de lo publico. Soy parte del sistema y estamos obligados a la ética, a la limpieza y la transparencia".