A lo largo de 2017 llegaron a Andalucía 3.306 menores inmigrantes no acompañados. Son casi el triple de los que entraron en la región el año anterior. Y la previsión es que las cifras sigan creciendo, reconoce el Defensor del Menor, Jesús Maeztu, quien presentó ayer en el Parlamento su informe anual sobre la labor que realiza la oficina que dirige en defensa de los derechos de la infancia. "Va a venir una afluencia masiva", dijo el también Defensor del Pueblo Andaluz, que solicitó a las distintas administraciones una mayor implicación en la respuesta a un problema que, cada vez más, parece "estructural y no coyuntural".

Para solucionarlo, la propuesta de Maeztu pasa por establecer un protocolo que regule la acogida de los menores extranjeros. Para abordar la situación, se verá con las consejeras de Igualdad y Políticas Sociales y de Justicia e Interior, María José Sánchez Rubio y Rosa Aguilar. La idea de Maeztu es "poner término a la situación de provisionalidad" del modelo actual, que está "al límite" tras las oleadas migratorias de los últimos años.

La oficina del Defensor del Menor ha comprobado "el colapso que sufre el sistema de asistencia" a los menores, especialmente en el programa de primera acogida, que es el que recibe a los niños y jóvenes extranjeros según llegan a Andalucía. El pasado año, entre junio y octubre, la Junta tuvo que contratar hasta 300 plazas extraordinarias en Centros de Acogida Inmediata para atender a la extraordinaria demanda.

Maeztu reconoció que no se pueden crear plazas en centros de protección "de forma ilimitada", pero debe garantizarse que las instalaciones tengan intérpretes en su plantilla y los menores deben recibir atención psicológica. Además, la formalización de la tutela por parte de la Administración y el reconocimiento de la situación de desamparo debe acelerarse.

En ese sentido se pronunció el pasado jueves el Parlamento Europeo, que desde Bruselas coincide también con Maeztu en la necesidad de contar con un sistema "sólido" de identificación y registro que permita que los menores se mantengan en los sistemas de protección. Para lograrlo es indispensable que las pruebas de determinación de edad de los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas sean rigurosas.

Actualmente, a los migrantes que alegan ser menores de edad se les realiza una radiografía del carpo de la mano izquierda, pero Maeztu recordó que el margen de error es considerable. El Defensor del Menor recordó la polémica que surgió cuando se descubrió que había en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional instalado en la cárcel de Archidona. "No puede haber menores en un CIE", espetó Maeztu antes de insistir en que "el estatuto jurídico de un menor de edad está por encima del estatuto de persona extranjera".

La preocupación de Maeztu con los menores extranjeros no acompañados que llegan a Andalucía y se extiende también al momento en que estos jóvenes cumplen 18 años, que muchas veces no tienen permiso de trabajo cuando salen del sistema de protección. "Se entiende que ya están preparados para la vida adulta, pero cuando cumplen 18 salen a la intemperie", denunció el Defensor del Menor, quien pidió un "proyecto integral" para este colectivo "invisible", que les preste atención en materia laboral, de vivienda, formativa y en el ámbito psicosanitario.

Tanto los menores extranjeros no acompañados como los jóvenes que salen del sistema de protección son "carne de cañon" para las mafias que se dedican a la trata de seres humanos. "Se ha comprobado que hay algunos que entran en la prostitución", reveló Maeztu, que en su informe anual sobre la situación de los menores se fija en colectivos de especial vulnerabilidad, como los inmigrantes, los que tienen trastorno de conducta y las víctimas de violencia de género.