El coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido de que las administraciones públicas que decidan promover consultas populares, iniciativa prevista en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, asumirán su resultado, pues lo contrario supondría un "coste político de primer grado". "Independientemente del límite legal -el anteproyecto establece que las consultas no tendrán carácter vinculante, sólo orientador-, lo que no cabe duda es de que tiene un coste político de primer grado que un gobernante no asuma el resultado de la consulta", ha dicho Maíllo en una entrevista. A su juicio, es "muy difícil" que tras una consulta se pueda adoptar una posición "contraria" a sus resultados porque hay una "ciudadanía crítica, que no se conforma ya con cualquier cosa, que tiene madurez democrática y una profunda convicción ideológica de que quiere ser parte activa de la solución a los problemas".

El dirigente de la federación de izquierdas ha hecho esta reflexión después de que el Consejo de Gobierno haya dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que regula las consultas sobre materias que son competencia de la comunidad, y que podrán convocarse a iniciativa de los ciudadanos reuniendo un mínimo de 40.000 firmas.

A juicio de IU, esta nueva normativa, que forma parte de los compromisos recogidos en el Acuerdo por Andalucía suscrito por los socios del Gobierno andaluz de coalición, va a ser una "referencia" para el resto del Estado. "Se trata de que el ciudadano, con su decisión a través de la consulta, participe en la solución de los problemas de Andalucía", ha indicado Maíllo, que no cree que el coste económico que su convocatoria puede acarrear a la administración sea un obstáculo. "Si quiere, hablamos del coste y la indecencia que supone la condonación de la deuda a la banca, no es proporcionado", ha replicado Maíllo, que ha apuntado además que si hubiera varias peticiones de consulta se podrían hacer simultáneamente, lo que supondría un ahorro.

Sobre los asuntos que podrían someterse a consulta, ha opinado que "si las circunstancias obligan" quizá habría que plantear que los andaluces se posicionen sobre los "ataques permanentes" del Gobierno de la nación a la comunidad autónoma, no sólo "desde el punto de vista económico y financiero, sino también desde el punto de vista político". Maíllo se ha referido, en concreto, a los recursos interpuestos por el Gobierno central "contra las leyes más avanzadas que se aprueban en Andalucía, como la de que regula la función social de la vivienda".