Fin a la huelga de basura que ha dejado más de 5.000 toneladas de basura acumuladas en Málaga durante once días. Pero con una alegría contenida, porque seguirá sin final de momento el conflicto colectivo que se mantiene abierto en el seno de la empresa mixta de limpieza Limasa desde hace más de cuatro años. La sociedad, de la que forma parte el Ayuntamiento de la capital con el 49% del accionariado, y el comité de empresa han logrado sellar la paz social con la firma de un acuerdo de desconvocatoria del paro, y refrendado ayer por una asamblea de trabajadores, aunque seguirá sin haber un convenio que dé estabilidad a ambas partes y dejan en manos de los tribunales la resolución final al eterno conflicto que se enfrentará el año que viene a un escenario aún más incierto por el fin del contrato de la actual empresa.

De hecho, el futuro convenio de la plantilla de Limasa queda supeditado a lo que dicte el Juzgado de lo Social número 12 de Málaga en relación con la demanda por conflicto colectivo interpuesta por la empresa el pasado mes de enero. Esa demanda, cuya fecha de juicio aún no se ha fijado aunque se baraja que será previsiblemente el próximo mes de septiembre, se debe a las distintas interpretaciones que tanto la sociedad como el comité hacen a la hora de aplicar otra sentencia, hecha pública en diciembre del año pasado por el Juzgado de lo Social número 8 y que establece que hasta la firma de un nuevo convenio el vigente será el de 2010-2012.

El origen de esta última huelga ha sido precisamente la distinta interpretación que hacen unos y otros sobre la resolución judicial, que se deriva de otra demanda presentada por el comité en 2014 contra Limasa por querer inscribir de forma unilateral como convenio el principio de acuerdo firmado entre ambas partes para poner fin a otra huelga de basura que se produjo en diciembre de 2013. Los sindicatos entienden que esa sentencia les daba la razón e implica la devolución automática de los derechos perdidos en estos años de recortes, mientras que la empresa defiende que deben tenerse en cuenta las modificaciones realizadas con posterioridad para acabar con los distintos conflictos que ha habido en estos cuatros años a cuenta del convenio de 2010-2012. No obstante, Limasa se ha comprometido a retirar el recurso que presentó contra esa sentencia.

A la espera por tanto de lo que dicte ahora otro juez para firmar el convenio que tendría una vigencia para este año y el que viene, la huelga de momento únicamente ha servido para que los trabajadores vuelvan a tener al menos para 2016 una serie de derechos perdidos en estos años relativos a los descansos, las vacaciones y la paga de productividad principalmente.

El documento aprobado por los trabajadores ayer contempla la aplicación desde ya para la plantilla fija del descanso todos los fines de semana y, respecto a las vacaciones, disfrutar 15 días de junio a septiembre, con 24 ó 25 operarios más sobre el cuadrante actual, y los otros 21 días durante el resto del año. En cuanto a la polémica paga de productividad, llamada ahora a cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social número 12, cada trabajador recibirá el 1 de abril 867 euros, más los 276 euros previstos en la extra de septiembre. Respecto a 2017 si a 31 de enero no hubiera sentencia, no se abonaría dicha paga y si con posterioridad el juzgado diera la razón a los empleados, se abonaría con efecto retroactivo.

De igual modo, si el próximo 15 de diciembre aún no hubiese sentencia, no habría cesta de Navidad y sólo si el fallo judicial es favorable a los trabajadores se pagaría con efecto retroactivo.

Además, el acuerdo que ha puesto fin a la huelga mantiene el planteamiento municipal de que el dinero perdido por los trabajadores durante los días de paro no sean recuperados con horas extras para retirar la basura acumulada y serán los eventuales y los fijos a tiempo parcial los que refuercen los turnos normales de los fijos para que la ciudad recupere cuanto antes la normalidad. Ambas partes también han acordado que antes del próximo 31 de agosto se establezca una nueva regulación de la bolsa de eventuales.

El documento hace referencia incluso al problema que subyace en este conflicto más allá de las condiciones laborales de los trabajadores y es la incertidumbre creada en relación al final del contrato de la actual Limasa en abril de 2017. Tanto es así que los sindicatos han conseguido incluir un punto en que el Ayuntamiento se compromete a garantizar a todos los trabajadores la estabilidad laboral y las condiciones económicas pase lo que pase con el nuevo modelo de gestión de la futura empresa.

El rechazo del comité a que el acuerdo sea considerado como convenio se debe a que el Consistorio necesita disponer de un convenio firmado para poder sacar a concurso el nuevo contrato de la empresa y que supondría dar vía libre para su privatización, algo a lo que se opone rotundamente al abogar por su municipalización. Tras explicar el comité a los trabajadores de Limasa, en una asamblea celebrada ayer a las 13:15 de la tarde en las instalaciones de Los Ruices, unas 800 personas votaron a mano alzada respaldar este acuerdo entre aplausos, vítores y gritos de "sí se puede" a los representantes sindicales. El presidente del comité, Manuel Belmonte, en un tono eufórico les gritó "sin vosotros no lo hubiéramos conseguido".