Cuatro concejales de la última corporación del GIL que gobernó Marbella alcanzaron ayer un acuerdo con el fiscal y aceptaron una multa de 3.600 euros por un delito contra la ordenación del territorio, en lugar del año de cárcel que inicialmente les exigía el Ministerio Público por autorizar el proyecto de ejecución de 20 viviendas en un solar en el que únicamente se podían edificar cinco. Esta es la primera que aceptan un delito contra la ordenación del territorio Isabel García Marcos, José Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez. Además, se da la circunstancia de que este ha sido el primer juicio por prevariación urbanística que se celebra contra ediles tránsfugas del PSOE (Isabel García Marcos y José Jaén) y del PA (Pedro Pérez) que se sumaron al GIL en la moción de censura que arrebató la alcaldía a Julián Muñoz en agosto de 2003 y llevó al poder a Marisol Yagüe.

En principio este pacto con el fiscal es sólo y exclusivamente para esta causa, aunque las defensas dejaron entrever durante sus intervenciones en la vista oral que tienen la vista puesta en un acuerdo global que les permita cerrar todas las causas urbanísticas que tienen pendientes.

La defensa de la concejal gilista Carmen Revilla, que ejerce el letrado Juan Carlos Rivera, subrayó las posibilidades de "lucha" legal que existían en este caso para alguien que "se sabe inocente", carece de antecedentes y que en sus tiempos no tenía competencias directas en urbanismo, lo que le habría permitido seguir el proceso en casación hasta el Supremo e, incluso, hasta el Tribunal Constitucional. Por eso sugirió que Revilla se había adherido "en el último segundo al pacto" presumiblemente como primer paso para alcanzar un acuerdo global que le permita cerrar los procedimientos que tiene contra la ordenación del territorio.

Cada uno de estos cuatro concejales de la última corporación tiene entre cinco y diez causas abiertas y pendientes de juicio. La Fiscalía de Málaga, previo visto bueno de la Fiscalía General del Estado, ha alcanzado acuerdos de conformidad con los concejales del GIL que gobernaron entre 1995 y 2003.

Con los primeros acordó penas máximas de un año de cárcel por cada delito contra la ordenación del territorio, con la previsión de que se cumplieran como máximo el triple de la pena superior, o sea tres años de prisión. En este acuerdo entraron, entre otros, el ex alcalde Julián Muñoz, que arrastraba decenas de causas. Para los de la siguiente corporación pactó nueve meses de prisión y un máximo de 27 meses de reclusión.

El fiscal coordinador del área de Medio Ambiente de la Fiscalía, Juan Calvo-Rubio, explicó que esta distribución de las penas responde al grado de implicación en los hechos que tuvieron los sucesivos equipos de gobierno. La segunda corporación (1995-1999) autorizó "un mayor número" de licencias, proyectos básicos y de ejecución. La tercera (1999-2003) autorizó "licencias en menor número" y de alguna manera lo que hacía era darle continuidad a actos administrativos previos. En todo caso, el fiscal defendió la bondad de estos pactos porque han implicado el cumplimiento "real y efectivo" de las condenas, al no contemplar la suspensión de las penas.

En el juicio celebrado ayer están imputados 12 concejales de las corporaciones comprendidas entre 1995 y 2006. Parte de ellos, entre los que figura Muñoz, se acogen al primer pacto con la Fiscalía; otro grupo al segundo, entre ellos está Tomás Reñones, y sólo cuatro con García Marcos a la cabeza quedan, por el momento fuera de acuerdo global para todos sus procedimientos urbanísticos. El fiscal subrayó que este último equipo de gobierno, que mandó en Marbella entre 2003 y 2006, lo que hizo fue autorizar proyectos de ejecución a los que ya se habían dado anteriormente permisos, de ahí que en el asunto de ayer planteara penas más benévolas.