El camino que conducirá el Metro de Málaga a los tribunales está trazado. Al tiempo que las diferencias entre la Junta y el Ayuntamiento malagueño sobre el paso de los trenes de la Alameda siguen ampliándose, la disputa sobre la financiación de las obras ya ejecutadas estalla de nuevo. El equipo del gobierno local del PP aprobó ayer exigir a la Consejería de Fomento que anule las liquidaciones presentadas oficialmente hace poco menos de dos semanas para que pague su parte de la infraestructura ya realizada y que se traducen en 32,3 millones de euros.

Con este paso, solicita la suspensión del procedimiento de recaudación, al tiempo que advierte que de no atenderse la reclamación, "ya sea de forma expresa o presunta", se interpondrá un recurso contencioso administrativo. El anuncio hecho ayer por el Ayuntamiento era esperado, más aún cuando el plazo dado por Fomento para que Málaga pague voluntariamente la cuantía antes mencionada culmina el miércoles próximo. Transcurrido ese periodo, según precisaron fuentes autonómicas, se podría iniciar el procedimiento por vía ejecutiva, con la siguiente retención de dinero procedente de la Participación en los Ingreso del Estado (PIE) que corresponden al Consistorio.

El equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre apunta al mismo escenario que meses atrás abordaron los ayuntamientos de Sevilla y Granada, con suerte desigual. Mientras el primero logró el favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al suspender temporalmente la determinación de la Junta de retener parte de sus ingresos del Estado, en compensación por los costes de explotación del Metro hispalense; el segundo no tuvo tanto éxito. Esa circunstancia hizo que después de que el Gobierno regional empezase a cobrarse por vía ejecutiva 155.000 euros mensuales, el Consistorio granadino accedió a alcanzar un acuerdo con la Junta.