El calendario legislativo del Gobierno andaluz tiene como citas más inmediatas en el Parlamento el debate de las leyes de Agua y Vivienda, que en el arranque de este curso político ya se han convertido en el primer frente abierto con la oposición. Las llamadas al consenso desde el PSOE para sacar adelante dos normas, cuyo compromiso se pierde en el tiempo -ambas vienen arrastrándose desde la pasada legislatura-, parecen caer en saco roto. PP e IU presentaron el pasado jueves enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que regulará el derecho a una vivienda y, con distintos argumentos, pidieron su retirada. Ayer, sumaron como elemento nuevo de confrontación el agua, amparándose los primeros en la posible inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, y los segundos, en el riesgo de privatización de este servicio.

Este foco de tensión entre Gobierno y oposición tiene sus prolegómenos veraniegos en otras dos leyes pendientes y que tiene en vilo a los ayuntamientos: las de Régimen Local y la Participación de los Entes Locales en los Tributos de la comunidad autónoma, cuya aprobación está prevista para el primer semestre de 2010. Tanto PP como IU sacarán a los alcaldes a la calle para mostrar su malestar por los vaivenes de fechas de dos textos que consideran urgentes.