El PP no está dispuesto a enterrar la deuda histórica y su pago en especie y, tras los recursos ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, además del intento frustrado de que hiciera lo mismo el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo -se inhibió por no tener competencias y trasladó el asunto a su homólogo nacional-, ahora anuncia un nuevo frente judicial. En este caso, se buscará impugnar el contenido del acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno el pasado 19 de marzo por no estar de acuerdo con las valoraciones realizadas por tasadores independientes de los terrenos y los activos de la sociedad Agesa que se pactaron para su liquidación.

Con este anuncio, los populares no hacen más que recoger el guante que la propia consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, le lanzó durante el enésimo debate celebrado ayer en el Parlamento sobre la deuda histórica. Martínez Aguayo restó credibilidad a sus recursos desde la premisa de que si de verdad los populares creyeran en sus posibilidades, habrían pedido directamente la "suspensión cautelar" del acuerdo. "Si lo creyeran, lo harían", retó, a la vez que consideró que lo que pretende el PP es mantener viva una estrategia de "propaganda" que les sirve para justificar su campaña de 400 actos públicos en contra de un "capítulo de la historia de Andalucía que se acaba de cerrar".

Según fuentes populares, esta nueva vía judicial se justifica en la opacidad en torno al acuerdo suscrito por la Subcomisión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Junta. En primer lugar, porque aún no han tenido acceso a su contenido y en segundo, por las tasaciones de los bienes, en los que aparte del vaivén de cifras -los activos de Agesa pasaron de 300 a 500 millones-, apuntan a la posible intervención de un tercer tasador independiente con posterioridad a la firma del documento. Estas fuentes dicen tener constancia de que la pasada semana la Junta contactó con otra empresa para poder justificar los cambios en el valor de Agesa.

Prospere o no esta vía, durante su intervención plenaria, Martínez Aguayo quiso disipar cualquier sombra de duda sobre el acuerdo, del que desmenuzó todos sus pormenores, y del trabajo de los dos únicos tasadores independientes que intervinieron en el proceso -fuentes de la Consejería de Hacienda niegan la existencia de un tercero-. En el caso de los activos de Agesa, apreció el "rigor" de quien asumió su valoración y desbarató la teoría del PP de que no podía hacerlo por no ser una empresa homologada por el Banco de España, recordando que sólo debería estarlo si lo que hubiera detrás fuera una operación crediticia, algo que no se da en este caso.

A pesar de sus explicaciones, ni PP ni IU vieron más que una "lección de matemáticas" e "ingeniería financiera" para justificar que los 784 millones de deuda histórica que faltaban no lleguen en metálico sino en metros cuadrados. Algo esto último que preocupó a IU, por la dificultad en su conversión en dinero, lo que bajo su punto de vista puede poner "en riesgo" la financiación de muchas obras en colegios, centros de salud o viviendas.