José Caballos (Sevilla, 1953) fue durante una década, de 1994 a 2004, el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz. Comenzó durante la legislatura de la pinza, cuando PP e IU se aliaron contra Chaves. Tuvo enfrente a Javier Arenas y a Luis Carlos Rejón (IU), pero fue entonces, en aquellos años, cuando la asociación de periodistas parlamentarios lo eligió como el mejor orador de la Cámara, un título, no oficial, que muchos asiduos al viejo hospital de las Cinco Llagas le siguen adjudicando. Desde 2004, año en el que fue defenestrado, no ha concedido ninguna entrevista; ahora, sin embargo, es el ponente socialista del proyecto de ley de reordenación del sector público, el que, sin duda, más problemas ha creado al Gobierno de José Antonio Griñán. Manifestaciones y protestas continuas de funcionarios consiguieron que un decreto ley se transformarse en un proyecto de ley, cuya aprobación está prevista para el próximo 16 de febrero.

-El Gobierno andaluz decidió tramitar el decreto de reordenación del sector público como un proyecto de ley para dar audiencia a los sindicatos. ¿Qué enmiendas que el PSOE ha presentado son fruto de las negociaciones y comparecencias de estos días?

-Casi la mitad, negociadas con UGT y CCOO, porque el resto de los sindicatos que han comparecido, CSIF, Ustea y Safja, no han aportado propuestas para ninguna enmienda concreta, ya lo dijeron en su comparecencia del 11 de enero.

-Ponga algún ejemplo de estos cambios que vendrán bajo enmiendas.

-Con respecto a las potestades administrativas, garantizamos que el ejercicio de las potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios. O que sólo funcionarios de carrera ocuparán los puestos directivos con potestades públicas en las nuevas agencias. O que la designación de esos directivos de esas agencias atenderán a los principios de mérito, capacidad, idoneidad y publicidad. Vamos, ningún personal no funcionario desempeñará potestades administrativas ni directas ni indirectas.

-CSIF mantiene que no le han hecho caso a sus demandas en ninguna de las enmiendas.

-CSIF ya dijo el 11 de enero [día de la comparecencia en la comisión parlamentaria] que no iban a plantear ninguna enmienda. Según su opinión, y así consta en las actas, ellos mantienen que no les corresponde decir qué debemos hacer, sino qué no debemos hacer. Lo mismo dijeron los otros dos sindicatos gremiales, Safja y Ustea. Ellos han ido a al todo, es decir a la retirada del proyecto de ley, o la nada.

-¿Y no corren el riesgo, su partido y el Gobierno, de encontrarse con la misma situación que hace dos meses, sólo con el apoyo de UGT y CCOO y, enfrente, lo que usted denomina sindicatos gremiales?

-No es que los llame yo, así se autodenominan por sus siglas. Pero no será por nosotros, hemos tenido abiertas de par en par las puertas del Grupo Socialista. Es más: las vamos a tener abiertas hasta el último minuto. Ellos sabrán por qué no quieren negociar.

-¿Y por qué lo cree usted?

-Respeto la posición de estos sindicatos, incluso puedo entender sus intereses. Lo que no comprendo es que hayan querido convertir la tramitación de esta ley en una suerte de gimnasia electoral.

-Quiere decir que en marzo comienzan las elecciones de los sindicatos de la Administración.

-Digo gimnasia electoral. Ni más ni menos.

-Pero no se refiere a las elecciones municipales; es decir a intentos de algunos de mezclar esto con elecciones políticas.

-Quizás puede haber el intento de algunos elementos de pescar en río revuelto. Ahora, después del 16 de febrero [fecha de la aprobación de la ley], tendrán que buscarse mejores argumentos para esa gimnasia electoral.

-¿Con la ley, los actuales trabajadores laborales de los entes instrumentales, 25.500 personas, se convertirán en funcionarios o en laborales de la Junta?

-Imposible, porque nuestra enmienda dice que no habrá ningún procedimiento de acceso a funcionario o a laboral de la Junta que sea distinto al de la ciudadanía.

-¿Los funcionarios o laborales de la Junta, los que trabajan físicamente en una Consejería, pueden perder derechos sin son traspasados a una agencia?

-Ninguno.

-¿Se les podría cambiar el horario, por ejemplo, e ir a trabajar por las tardes, cumpliendo sus horas?

-Eso serán negociaciones laborales que deberán hacer en cada agencia. Ya decimos en una enmienda que los estatutos de las agencias, su plan de integración y de actuación, se regirán por una negociación de acuerdo con la ley de libertad sindical, partiendo del actual convenio colectivo del personal de la Junta. Por tanto, nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que había ganado.

-¿Los funcionarios podrán perder sus puestos de trabajo en unos años si en vez de estar en una consejería están en una agencia?

-No. Otra cosa es lo que pueda hacer un Gobierno de otro signo como está haciendo el PP en otras comunidades autónomas, que es reducir empleo público. Pero es que, con esta ley, lo único que se van a suprimir son 111 organismos y 180 puestos directivos, pero no vamos a despedir a ningún trabajador público.

-¿Y no cree que el verdadero temor de los funcionarios sea que, dentro de cinco años, por ejemplo, puedan estar todos revueltos y que, con esto de los recortes, pierdan el empleo?

-Nuestra voluntad y lo que plasma la ley no es eso. No puedo hacer pronósticos de futuro con Gobiernos de otro signo si los hubiera. Ahora bien, si para algunos de los manifestantes su sueño es que Javier Arenas se convierta en presidente de la Junta, que se lo piensen bien: a ver si el sueño se convierte en pesadilla. Y si no, que miren en Murcia.

-¿Qué pasa en Murcia?

-A finales de diciembre, el Gobierno autónomo de Murcia ha quitado el 10% de los complementos salariales, ha aumentado las jornadas semanales en dos horas y media, ha reducido el 30% de los liberados sindicales y ha producido cientos de despidos. Si alguno piensa en Arenas, que se vean en el espejo de Murcia.

-También el PSOE de Murcia ha criticado y se ha manifestado en contra de esta reordenación.

-Es que no es lo que estamos haciendo aquí ni lo vamos a hacer. Vamos a ver, en Andalucía no se privatiza ningún servicio, tampoco Canal Sur, ¿eh?; no se recorta ningún derecho laboral a los sindicatos; ni nadie será despedido; ni se recortan complementos, incentivos o salarios, más allá de la reducción general del 5% que se implantó en todas las administraciones públicas.

-¿Cómo ha entrado a trabajar los 25.500 laborales de las empresas públicas, a los que los sindicatos llaman enchufados?

-Por los medios del derecho privado, por pruebas de selección ejecutadas por empresas dedicadas a ello. Creo que la derecha está utilizando esta protesta gremial para convertirlos en futura carne de despidos. Primero, se deslegitima y se desprestigia a unos trabajadores para preparar el camino al despido.

-Bueno, eso es muy fuerte...

-Digo que el PP, el PP, al descalificarlos como enchufados, los deslegitiman y los estigmatizan para ir preparando el terreno para convertirlos en carne de futuros despidos. Sin embargo, agradezco que, en las comparecencias parlamentarias, ni los partidos ni los sindicatos gremiales ni las centrales planteen despidos. Otra cosa es si gobierna Arenas.

-En un mismo centro de trabajo, una agencia, por ejemplo, trabajarán funcionarios, laborales de la Junta y laborales de empresas públicas. ¿Esto será legal? Esto de mezclar, como dicen, churras con merinas.

-A partir de la ley, sí. Si hay un recurso al Constitucional, este tribunal ya se pronunciará. Ahora, me gustaría saber cuáles son las churras y cuáles, las merinas.

-Pero lo habrán estudiado.

-Sí. El PP dice que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad por eso, pues en Galicia y en Castilla y León acaban de aprobar unas leyes por la cual se integran el personal de órganos instrumentales en agencias, luego deberán extender su recurso a esas dos comunidades del PP, digo yo.

-¿En el fondo, por qué creen que protestan?

-Salvo por esto de la gimnasia electoral... Que lean nuestras enmiendas. ¿Ha habido malos entendidos? Sí ¿Ha habido errores de comunicación? Sí ¿Ha habido el error de no haberlo tramitado, desde el principio, como ley? Pues sí, pero no nos vamos a quedar enganchados de una situación, la del decreto, que ya no existe. Que no hay decreto, que hay proyecto de ley, y ahí siguen colgados al bombo y al platillo. Y, por cierto, recuerdo, porque han anunciado una manifestación ante el Parlamento el día 16 de febrero, que la Constitución y el Estatuto de Autonomía dicen que el Parlamento es inviolable, por lo que ningún interés gremial puede poner de rodillas a la Cámara, que es la expresión democrática del interés general.