La vicesecretaria de Política Electoral del PP-A, Patricia Navarro, insistió ayer en que el nuevo auto de la juez Mercedes Alaya demuestra que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "está implicado hasta las cejas" en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que "lo supo desde el principio", y que "ya no cuela aunque Carmen Martínez Aguayo [consejera de Hacienda y Administración Pública] intente quitarle el muerto de encima". A juicio de Navarro este auto "marca un punto de inflexión en la investigación oficial sobre este caso y supone una nueva etapa en el caso de los ERE", porque la juez "va directamente al grano, y pone nombre y apellido a la equis de los ERE".

Para la dirigente del PP-A, el auto demuestra que Griñán "estaba más que al tanto de que el procedimiento utilizado no era el adecuado, y que además esto tenía consecuencias de forma y de fondo, como es el menoscabo de fondos públicos". Navarro recalcó que Griñán consintió e intervino y fue la mano ejecutora de las modificaciones presupuestarias que alimentaron el fondo de reptiles, con más de cien millones de euros, que fueron sacados de los fondos para formación y autónomos".

Además, el senador Rafael Salas incidió en el papel de la Agencia Idea -antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)-, de la que el PP quiere que el Gobierno andaluz aclare "por qué lo veía todo, lo oía todo, lo callaba todo, lo pagaba todo y nunca preguntaba nada", ya que "es importantísimo el papel de este organismo en los pagos fraudulentos y de las ayudas a las empresas, el mayor escándalo de la democracia del que solo hemos visto la punta del iceberg".