El PP-A registrará una comparecencia para que la Junta aclare los "errores" que han derivado en la sentencia que obliga al Gobierno andaluz a indemnizar con 165,64 millones al empresario Tomás Olivo, promotor del centro comercial Nevada de Armilla (Granada). Así lo manifestó ayer la secretaria general del PP-A, Dolores López, después de que el asunto llegara el jueves al Parlamento, donde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ofreció una respuesta "para echarse las manos a la cabeza: simplemente dijo que van a recurrir la sentencia y que la culpa era prácticamente de la justicia".

López, que visitó el municipio granadino de Armilla, criticó que Andalucía vaya a perder 165 millones de euros por "una serie de errores concatenados de la Junta" y que "nadie asuma responsabilidades políticas ni dé explicaciones".

Las explicaciones dadas hasta ahora "son para echarse las manos a la cabeza"

"Una vez más, la señora Díaz esconde la cabeza bajo el ala", agregó la dirigente del PP-A sobre este asunto que ha derivado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que hacía constar en el fallo que sólo pudo valorar el dictamen pericial aportado por la promotora porque los abogados de la Junta no se presentaron a la vista, lo que la administración autonómica atribuyó a un "error material". Precisamente, la jefa del servicio jurídico del Gobierno andaluz en Granada ha sido destituida a la categoría de letrada, cambio que recoge el Boletín Oficial de la Junta, que lo atribuye a una "reorganización funcional del gabinete jurídico".

Durante su visita a Armilla, la dirigente del PP andaluz estuvo acompañada por el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, para quien este asunto constituye "la tropelía más grande cometida en la provincia de Granada desde la llegada de la democracia", por culpa, denunció, de la "desidia" del PSOE.