La guerra de los fármacosentre socialistas y populares subió ayer enteros, con los primeros arremetiendo contra el PP, al que acusa de plantear una enmienda "ex profeso y tramposa" en el Congreso de los Diputados al proyecto de ley de farmacovigilancia para "impedir" la subasta de medicamentos en Andalucía. "No tardaremos en saber de alguna conexión extraña" entre la industria farmaceútica y los "dirigentes" del PP, afirmó el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. Pero a este vínculo no se refirió sólo el número dos del partido socialista en la comunidad. El mismo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo estar sorprendido por la "estrecha vinculación" de las decisiones del PP con los "intereses" de las grandes compañías multinacionales del sector.

El Ministerio de Sanidad quiere impedir cualquier política de rebaja en el precio industrial de los fármacos, a no ser que comprenda todo el territorio nacional. Griñán defendió que lo que persigue la subasta de medicamentos planteada por su Gobierno "no es cambiar los precios", sino que "cuando un comprador como el Servicio Andaluz de Salud compra un volumen de medicamentos pueda negociar el coste".

El jefe del Ejecutivo autonómico defendió que la decisión de la Junta es "eficiente" porque sirve para "ahorrar cientos de millones que se pueden destinar a mejorar la protección de la salud de los andaluces sin necesidad de hacer recortes". Griñán, que mostró su preocupación por el "empecinamiento" del PP, tildó de "equivocada" la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

La posición de éste fue defendida por su delegada en Andalucía, Carmen Crespo, para quien es "necesario el mismo precio de los medicamentos en todo el país" porque ello "garantiza la igualdad de todos los ciudadanos", independientemente de su lugar de residencia. Crespo insistió en que la Administración autonómica debe "aplicar bien las medidas nacionales de control del gasto farmacéutico, que han conseguido ahorrar hasta abril más de 1.678 millones de euros". Crespo criticó a la Junta porque Andalucía es una de las comunidades que "menos ahorran en factura farmacéutica de recetas".

El departamento que dirige María Jesús Montero replicó a la delegada del Gobierno, de quien dijo que "es la única autoridad política que no reconoce la labor que ha hecho Andalucía en Uso Racional del Medicamento, y que ha supuesto desde su implantación en 2001 un ahorro de más de mil millones de euros, además de un avance en calidad e innovación sanitaria en el campo de la Farmacia".

UPyD discrepó de esta visión. Su líder, Rosa Díez, afirmó ayer en Sevilla que comparte "la proclama" de la Junta sobre la subasta de fármacos pero lamentó que, al igual que publicita la "supuesta efectividad y ahorro" de la misma, no lo argumente "con datos" ni con "una evaluación rigurosa de los resultados".