El miércoles, la jornada grande del Debate sobre el estado de la Comunidad, fue el día reservado a las declaraciones de principios, al anuncio de propuestas y a algún que otro brindis al sol. Ayer, jueves, fue el día de comenzar a demostrar con hechos lo publicitado con pompa el día anterior. Había que votar las propuestas de resoluciones presentadas por los tres partidos con representación en la Cámara. En total 103 iniciativas, de las que 33 fueron planteadas por el PSOE; 35, por PP-A, y otras 35, por IU. 

La primera conclusión es que se quebró ese espíritu constructivo y propositivo del primer día. La fina ironía y las acusaciones más o menos razonadas, incluso respaldadas por datos de los líderes de las tres formaciones, José Antonio Griñán (PSOE), Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU), dieron paso a un intercambio de descalificaciones de sus subalternos en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez (PSOE), Esperanza Oña (PP) y Pedro Vaquero (IU). En el fondo de este regreso al enfrentamiento descarnado estaba el hecho de que se aprobaran la totalidad de las propuestas del grupo socialista, apoyado en su mayoría en la Cámara, mientras que IU logró el respaldo en tres y el PP-A en una. 

Las cuatro propuestas que salieron adelante de los grupos de la oposición son de carácter menor y el enfado estuvo motivado por el rechazo por parte del PSOE a una batería de propuestas presentadas por el PP en favor de la "transparencia". Básicamente consistían en que se hicieran públicas las declaraciones de la renta de los 109 diputados, altos cargos de la Junta y de extracción parlamentaria, la obligatoriedad de los altos cargos de remitir la relación detallada de los gastos de representación, manutención, alojamiento, dietas e indemnizaciones diversas, y la eliminación de las idemnizaciones por cese de los diputados. 

También se quedaron sin aprobación las medidas populares que planteaban una modificación de la Ley Electoral de Andalucía que garantice que las elecciones andaluzas se celebrarán por separado de las nacionales y limitar el mandato del presidente de la Junta a ocho años. Igualmente se rechazó la demanda de IU de incrementar el número de escaños del Parlamento "sin aumentar los costes actuales". Tampoco habrá, como solicitó el PP, una campaña electoral para las próximas elecciones autonómicas basada únicamente en debates y apariciones en los medios de comunicación, como forma de ahorro en publicidad exterior. 

La Cámara sí aprobó la iniciativa socialista referente a impedir que los parlamentarios cobren sueldos externos a su nómina del Parlamento y la de creación del llamado "escaño 110", por el que el portavoz de una iniciativa legislativa ciudadana puedan defenderla físicamente en la Cámara. También se encontraba entre las medidas aprobadas la destinada a suprimir cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía, aunque el PSOE rechazó instar al Ejecutivo a la derogación de la Ley por la que los ex presidentes de la Junta disponen de una asignación económica temporal al perder la condición de diputado. 

Con estos antecedentes, la portavoz del grupo parlamentario popular, Esperanza Oña, acusó al PSO de protagonizar un "ejercicio absoluto de cinismo y de engaño", a lo que añadió que "el grupo socialista ha votado completamente en contra de la palabrería, completamente falsa, de Griñán en el día de ayer -por el miércoles-". Para Oña, lo ocurrido ayer tenía una lectura clara: "El PSOE se ha señalado votando en contra de la regeneración democrática, de la transparencia y de la austeridad".