El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, presentó ayer en el juzgado número 5 de El Puerto de Santa María (Cádiz) dos recursos de reposición, contra la providencia del 13 de abril de 2012, de la magistrada María Emma Ortega, con los que pide "amparo judicial" efectivo y pretenden que sean considerados sus "intereses legítimos" en el procedimiento seguido a raíz del cierre y, a su juicio, "desahucio" del hotel Monasterio San Miguel.

En una nota, López Esteras pidió que se consideren sus derechos en el procedimiento seguido por entidades financieras contra Hoteles Jale SLU y el propio López Esteras, entre otros, por razón del "desahucio por falta de pago" del Hotel Monasterio San Miguel y el "problema derivado del mobiliario que allí permanece, en 168 habitaciones, salones, recepciones y espacios comunes". El empresario lamentó que los diversos escritos presentados, firmados por distintos abogados, los días 9, 11, 12 y 13 de abril, "fueron devueltos por la juez sin argumentación jurídico-procesal alguna, como sí exige al respecto la Ley de Enjuiciamiento Civil". Aseguró que "la única razón fue por carecer de legitimación en el presente procedimiento, escueta y estrictamente".

Los recursos presdentados ayer pretenden el "amparo judicial" efectivo, "que se ha negado en dicha providencia, a una persona física, a un ciudadano protegido por las leyes españolas, que sí tiene interés legítimo en el procedimiento y a su vez permitir la continuidad de la vía procesal".