El grupo parlamentario de Podemos ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica para poner en marcha un grupo de trabajo para analizar cómo se realizan los procesos de externalización y la subcontratación de servicios en la Junta. El objetivo de la formación morada es que dicho órgano se integre en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública.

La externalización y subcontratación de servicios por parte de la Junta es un asunto que Podemos ha abordado ya en reiteradas ocasiones al Parlamento, tanto con proposiciones no de ley como a la sesión de control a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. En su propuesta, Podemos reconoce que es una práctica frecuente y creciente en la Administración autonómica, por lo que lamenta que la progresiva renuncia a la gestión directa de determinados servicios "tiene una incidencia muy relevante en materias tan sensibles como la educación o la sanidad". "La calidad de los servicios públicos empeora o está amenazada por un modelo en el que, en muchos casos, priman los beneficios empresariales y no se respetan los términos de los contratos públicos", sostiene el partido que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez.

El objetivo es crear un grupo de trabajo para abordar el asunto en comisión

Según Podemos, otro problema de este modelo es la precariedad laboral que sufren los trabajadores de las contratas y subcontratas de la Administración, "que también afecta muy negativamente a la calidad del servicio". Destaca en este sentido que las mujeres son quienes más padecen esta realidad "debido a la feminización del sector servicios".

Podemos considera que el efecto de las cláusulas sociales que se han planteado como recomendaciones desde la Administración "es insuficiente para resolver todos estos problemas", por lo que se debería proceder a una reorientación de la política de contratación de servicios de la Administración de la Junta.

Andalucía acogerá en los próximos días a 58 personas de asilo reubicadas desde Grecia, en el marco del acuerdo entre España y la Unión Europea, 52 de nacionalidad siria y 6 procedentes de Iraq, con lo que el total de acogidos ascenderá a 929 que han llegado de Grecia, Italia y Turquía. Los desplazados serán ubicados en las provincias de Sevilla (14), Málaga (15), Huelva (23) y Almería (6), a cargo de diferentes entidades, informó la Consejería de Justicia e Interior en un comunicado.

La Administración autonómica completa la atención a estas personas garantizando su acceso a los sistemas de salud, educación y servicios sociales, todo ello coordinado a través de la Mesa Técnica de atención a Refugiados creada por la consejería para que haya una acción conjunta e integral en el proceso de acogida.

Rosa Aguilar, titular de Justicia, aseguró que esta nueva llegada refugiados demuestra que Andalucía es una comunidad "solidaria y acogedora", como un día otros territorios fueron solidarios con los andaluces. Andalucía es la única que ha puesto en marcha un dispositivo específico para atender a menores refugiados no acompañados, que están tutelados por la Junta en Motril

El Ejecutivo andaluz considera que urge el establecimiento de un sistema de acogida más flexible y sostenible, que evite las dificultades en el acceso y ponga en marcha vías legales y seguras de llegada, como los visados humanitarios, la demanda más generalizada entre las organizaciones sociales que atienden a estas personas.

Ha indicado que los retrasos en las resoluciones de las solicitudes de asilo han provocado la acumulación de más de 21.000 solicitudes pendientes de resolver, lo que supone "mantener en suspenso" el futuro de estas personas. Por eso, la Junta reclama un plan con el conjunto de las administraciones públicas y la sociedad civil para acelerar la respuesta y alcanzar el compromiso de España.