Podemos presentará una proposición de ley para crear en Andalucía una oficina contra el fraude y la corrupción, un organismo que quiere hacer depender del Parlamento, que tendrá un procedimiento de sanciones que podrían alcanzar los 30.000 euros y costaría 3,1 millones de euros.

La iniciativa pretende crear herramientas "eficaces" a la hora de gestionar los fondos y contratos públicos o los procedimientos de subvenciones. La oficina tendrá entre sus objetivo investigar indicios de desviaciones ilícitas o irregulares y garantizar que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad, para ser una "herramienta contra el enchufismo", explicaron la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, y la responsable nacional de Relaciones Institucionales, Auxiliadora Honorato.

"Otras prioridades serán evaluar todas las actuaciones contra la corrupción que se hacen en la comunidad y garantizar la protección a los denunciantes de la corrupción y el fraude", precisó Honorato. La propuesta recoge "mecanismos seguros" para garantizar el anonimato y que sean posibles esas denuncias, así como evitar que esta práctica sea una "actividad de alto riego".

El ámbito de aplicación incluye a la Junta de Andalucía, sus entes adscritos, las administraciones locales y toda persona física o jurídica que sea destinataria de adjudicación de contratos o subvenciones públicas. En cuanto al procedimiento sancionador, la propuesta recoge motivos como la obstrucción a las actuaciones de la oficina y desde amonestaciones en el BOJA a multas de hasta 30.000 euros, propuestas de ceses o suspensión administrativa temporal o permanente, ha detallado Rodríguez. Unas sesenta personas trabajarían en esta oficina con la que Podemos pretende corregir que Andalucía "se siga asociando" a la corrupción, objetivo en el que Rodríguez cuestionó la actitud de la presidenta Susana Díaz.