El Cuco ha reconocido este jueves algo que, más allá de las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado, ha negado durante más de 13 años: que la noche del asesinato de Marta hubiese estado en el piso de León XIII donde se cometió el crimen. Pero, ¿podía mentir el Cuco en aquel juicio o estaba obligado a decir la verdad al haber sido citado como testigo?

Al inicio de la vista oral, los abogados del Cuco y su madre, Agustín Martínez y Rafael Ramírez-García del Junco, han planteado como cuestión previa la nulidad de este juicio alegando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectivas y otros derechos fundamentales. El letrado ha comenzado su intervención señalando que en este proceso se parte de dos premisas. La primera la constituye el hecho material de si Javier García Marín "pudo faltar a la verdad" en su declaración en el juicio a los mayores acusados. Y la segunda, si en el momento de prestar declaración, "le asistía el derecho o no a declarar como testigo".

El letrado ha recordado que Javier García Marín fue condenado por un juzgado de Menores a tres años de internamiento por encubrir el asesinato de Marta y esa sentencia fue confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el 20 de octubre de 2011. Tan sólo cinco días después, el Cuco prestó declaración en el juicio por el asesinato de Marta pero cuando lo hizo, según la defensa, la sentencia "no le fue comunicada al menor, que desconocía el contenido de la misma cuando fue a declarar" el 25 de octubre.

El defensor ha añadido que contra esa sentencia cabía la posibilidad de presentar un recurso de casación, por lo que el menor conservaba su derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, y ha tildado de "paradójico y sintomático" que la Fiscalía no emprendiera las actuaciones por falso testimonio a pesar de que en la sentencia de Carcaño se le "invitaba" a hacerlo. Agustín Martínez ha dicho que el Ministerio Público se adhirió a la denuncia de los padres por la presión mediática en torno al caso.

Por su parte, Rafael Ramírez-García del Junco ha dicho que los hechos de los que se deriva este juicio son "realmente tristes" y aunque se ponga en el lugar de la familia, "estamos en un Estado de Derecho y hay que someternos al principio de legalidad", y ha considerado que el presidente del tribunal tuvo que advertir a la madre de la dispensa legal de la obligación de declarar que establece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual los parientes en líneas directa ascendente y descendente no tienen obligación de declarar. 

Los defensores pusieron como ejemplo el caso de los Ere para indicar que cuando algún testigo comparece en otro de los juicios, lo hace acompañado de su abogado para que no respondan a aquellas cuestiones que les pueden perjudicar. "Lo que se pretende es determinar si se faltó o no al testimonio, pero la piedra angular de la cuestión es si tenía o no la obligación de decir verdad", ha subrayado Agustín Martínez.

La fiscal del caso, Almudena Cotán, y la abogada de la familia de Marta se opusieron a la estimación de la cuestión previa, según la fiscal porque precisamente estas cuestiones afecta de lleno al objeto del proceso, por lo que no podían resolverse como cuestión previa. La abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, ha asegurado que el Cuco tenía la condición de testigo, porque la sentencia era firme e incluso se había cumplido ya la condena, pero "ni por una razón de humanidad fue capaz de decir estuve allí", ha indicado.

La juez resolvió finalmente no admitir la cuestión previa de las defensas porque, según ha dicho debió de haberse planteado en el momento en el que tuvo lugar la vulneración del derecho fundamental que se alega, es decir, que tenía que haberse puesto de manifiesto cuando prestó declaración en el juicio, en el año 2011, y no en la actualidad.