Caso Umax

El inspector de Policía que realizó la investigación insiste en que los acusados conocían la situación irregular de los trabajadores de Umax

  • El inspector afirmó que las facturas aportadas por Rofa durante el juicio no estaban incluidas en las actuaciones

Sala donde se está celebrando el juicio por los contrtatos fantasma de Umax Sala donde se está celebrando el juicio por los contrtatos fantasma de Umax

Sala donde se está celebrando el juicio por los contrtatos fantasma de Umax / José Ángel García

El juicio por los contratos fantasma de la Consejería de Empleo con la empresa Umax continúa con las declaraciones de los testigos. En esta ocasión, además de  los antiguos trabajadores de la Dirección General de Trabajo y de la de Seguridad y Salud Laboral contratados a través de la empresa investigada, ha declarado como testigo el inspector de Policía que dirigió la investigación en la fase de instrucción.

Las defensas de los acusados han intentado aclarar algunos puntos del informe realizado por este inspector. A preguntas de la defensa de Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax sobre si esa investigación era contra el "enemigo público número 1 de la Junta de Andalucía", el testigo respondió que suponía que  "se estaba refiriendo a Javier Guerrero. Él no pudo actuar solo, sino con la anuencia de la Secretaría General Técnica. Esta falta de diligencia no se puede mantener en el tiempo durante tanto tiempo sin que el reto tenga conocimiento".

Confusión de correos electrónicos

Asimismo, se refirió a correos electrónicos "desde la Secretaría General Técnica donde se ordenaba a las delegaciones terrtitoriales haciendo referencia a las tres empresas". Durante la sesión del juicio se aclaró que hacía referencia a correos enviados por una jefa de servicio y no por la secretaria General Técnica.

Según el testigo, la investigación comenzó cuando desde la Consejería de Innovación y Empleo tienen conocimiento de la reclamación de Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax, por las facturas no abonadas de 2007 a 2010. A partir de aquí y tras buscar algún contrato que justifique esa situación y no encontrarlo, la Consejería entiende que esta situación no se ajusta a derecho, y pide a la Policía, a través de la Juez Instructora, que localice a los 44 trabajadores de Umax "porque la Consejería no sabía a qué se dedicaban ni lo que hacían y se estaba pidiendo 1.500.000 euros por los trabajos realizados de 2007 a 2010".

El inspector de Policía explicó a preguntas de la fiscal, que para ver los pagos realizados y ver si estos coincidían con los hechos denunciados, revisaron los modelos 347 de la empresa. El testigo explicó que de 2007 a 2010 existen pagos a Umax tanto de Faffe como de SAE o la Dirección General de Trabajo de la Seguridad Social. En cuanto a las facturas impagadas de Umax aportadas por la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa y fechadas en 2007, el inspector explicó que no estaban incluidas en las actuaciones previas, llegando incluso a señalar durante su testimonio, que "tienen mayor apariencia de legalidad que las encontradas durante la investigación de la instrucción del caso". 

"Conglomerado de empresas"

Según el inspector, a medida que avanzaba la investigación, "iba cobrando fuerza la existencia de un conglomerado de empresas formado por Umax, Inaria y Square que hacían trabajos para la Consejería, independientemente de la existencia de un contrato verbal porque en el modelo 347 se veía, por ejemplo, que además de SAE, Faffe o la Dirección General de Trabajo, Umax también cobraba, por ejemlo de Square e, incluso, esas empresas tenían objetos sociales parecidos". Durante la instrucción se investigó también la empresa de energía fotovoltaica Covalesa, "donde Umax había invertido sus beneficios".

Entre las conclusiones que expuso el inspector de Policía ante el Tribunal están que la mayoria de los 44 trabajdores, "todos están muy vinculados a la Sierra Norte y, en general, no tenían conocimientos informáticos y la mayoría desconocen al dueño de Umax, no así a Javier Guerrero". Cabe recordar que Francisco Javier Guerrero había sido alcalde de El Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla, antes de ser director General de Trabajo.

Aunque la mayoría de los testigos que declararon en esta sesión del juicio desempeñaron su trabajo en la Delegación General de Trabajo y en la de Seguridad y Salud Laboral, uno de los testigos explicó que trabajó para Umax desde su casa, siendo director general de Trabajo, Javier Guerrero. "Contactó conmigo porque yo trabajaba para Diputación para diseñar programas de turismo rural y lo conocía de El Pedroso. Me dijo que necesitaba alguien con su perfil para dar a las residencias de tiempo libre una organización "similar a la de una empresa hotelera". El testigo explicó que estaba contratado a través de Umax y que trabajaba desde casa. Desempeñó este puesto entre febrero de 2007 y marzo de 2008, "cuando cesó Guerrero"

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