Al cumplirse ayer un año de la desaparición de la pequeña Mari Luz en Huelva, un caso que ha supuesto un punto de inflexión para la Justicia española tras conocerse que el presunto asesino, Santiago del Valle, debería haber estado en prisión por un delito de pederastia cometido contra su propia hija, la familia pidió el amparo judicial.

El abuelo de la niña pidió ayer al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que demuestre que "el juez que la hace, la paga", en referencia a la sanción de 1.500 euros que impuso el órgano al juez Rafael Tirado, sobre el que pesa el error de no haber ordenado el ingreso en prisión de Del Valle. El abuelo emplazó a Dívar que "no se baje los calzones tan pronto" y lamentó la decepción que le produjo al decir "que iba a hacer que pagaran todos los que fueran presuntamente corruptos" y ahora "tendrá que presentarse y dar cuenta de este cambio".

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, manifestó ayer que "los corporativismos son nocivos para la sociedad y para el Estado", en relación a la convocatoria de huelga de jueces, que apoyaron a Tirado y fundamentaron el error en la falta de medios de la Justicia española.

El portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, defendió ayer un acuerdo "para un buen funcionamiento del sistema de justicia" para que se eviten hechos tan desgraciados como el que tuvo lugar hace un año.