Las consecuencias económicas de una pandemia son numerosas y difícilmente evaluables durante el periodo en el que rigen restricciones que afectan directamente al sistema productivo. Por una parte, afecta a las cadenas de producción, y por ello a la caída de la producción. También afecta, obviamente, a la capacidad de consumo de las personas, ya sea por la simple incapacidad de hacerlo (tenemos limitado el movimiento y el acceso a comercios), así como por un cambio brusco en las expectativas, fruto del efecto psicológico ante la enorme incertidumbre nacida en los últimos días.

Los costes económicos de esta crisis pueden, por lo tanto, ser muy importantes. En general, estos costes serán los asumidos por las caídas de ventas de estos días, pero también, y no nos olvidemos, por el posible coste a largo plazo generado por las más que probable quiebra de sociedades, así como por el efecto en las finanzas familiares al elevarse dramáticamente los despidos y reducirse los ingresos.

Es por ello por lo que, ahora más que nunca, las Administraciones públicas deben dar una respuesta clara y contundente ante una situación que puede degradarse rápidamente y de la que difícilmente podremos salir sin las políticas adecuadas. No es momento de dudar, sino de actuar. Tenemos aún reciente la crisis de 2008 y las consecuencias de la debilidad de las respuestas de entonces. En este caso no estamos ante una crisis financiera ni una destrucción real de la economía. Estamos ante una parada técnica, y las medidas que debemos adoptar deben ir a conservar al sistema productivo y a la economía de las familias mientras este parón dure.

Por ello, desde la Junta de Andalucía mostramos nuestra absoluta cooperación y lealtad al Gobierno de España, al tiempo que le reclamamos actuaciones rápidas.

Contemplamos tres tipos de acciones. Necesitamos, en primer lugar, sostener financieramente a las empresas, en particular aquellas que más tensiones de liquidez podrán encontrarse, particularmente pequeñas y medianas empresas de sectores asociados a la hostelería, comercio y, en general, las que prestan servicios al público.

Para ello, la Junta está diseñando paquetes de ayudas que irán a facilitar el acceso al crédito para financiar gasto corriente de las empresas con dificultades. En el diseño de estas medidas, se buscará no solo avalar, sino reducir el coste financiero e introducir carencias para la devolución que permita a pymes y autónomos afrontar estos meses de baja actividad. Además, trabajaremos para que líneas de financiación provenientes de Europa puedan sumar en esta medida, para que no exista ninguna restricción financiera, que a nuestro entender explica en gran parte la posible pérdida de empleo. Exigimos al Gobierno central una actuación en el mismo sentido, contundente y decisiva.

En segundo lugar, debemos garantizar el empleo y los salarios de los trabajadores. Por ello, hemos pedido al Gobierno la reforma urgente de la reforma de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), adhiriéndonos a la reforma planteada por los agentes sociales. En concreto, pedimos la reducción del plazo de solicitud y ampliación a todo tipo de empresa. Se debe asegurar una cobertura mínima del 80% del sueldo de los trabajadores, así como bonificar el 100% de sus cotizaciones sociales. Sería conveniente que se pudieran incluir los trabajadores que no hayan generado carencia para la percepción del desempleo y que no corra el contador por los meses que se perciba.

Esta medida debería ir complementada por la posibilidad de sufragar parte del coste laboral de los trabajadores temporales cuando se mantenga el contrato, estableciendo un incentivo a no despedir.

Aunque su operatoria y definición pueda demorarse unos días, estas actuaciones deberían garantizarse ya, en estos primeros días de cierre económico. Es imprescindible que las pymes y autónomos afectados puedan saber que en no mucho tiempo podrán acceder a las ayudas que se les ofrece.

En tercer lugar, debemos aplicar medidas de política fiscal que faciliten la supervivencia de las empresas, así como permitir sostener las finanzas de las familias. Creemos necesario inyectar renta a las personas que han perdido el empleo o que hayan trabajado un periodo de tiempo en los últimos seis meses, mediante una prestación excepcional. En el caso de los trabajadores autónomos, se podría flexibilizar el acceso a la prestación de cese de actividad, también con carácter excepcional.

Se podría, además, establecer una moratoria y bonificación temporal del pago y liquidación de ciertos impuestos, como el de Sociedades, Valor Añadido o sobre la Renta, y que, en el caso de este último, podría plantearse una reducción inmediata de las retenciones. En lo que compete a la Junta, igualmente se procederá en este sentido en aquellas figuras impositivas transferidas.

Obviamente, todas estas medidas exigirían un aumento del déficit, seguramente muy por encima de las reglas establecidas. Es necesaria una moratoria en la regla del déficit tanto desde la propia UE respecto a los estados como desde el propio Estado español respecto de las autonomías. Sabemos que las declaraciones de los altos responsables de la Comisión Europea apuntan hacia esta posibilidad. Necesitamos similar compromiso por parte del Gobierno de España. Y es que las comunidades autónomas no tienen actualmente posibilidad de aumentar el gasto por el cumplimiento del déficit y la aplicación de la regla de gasto.

Es importante actuar, y sobre todo generar seguridad ante los ciudadanos. Los distintos Gobiernos debemos estar a la altura de las circunstancias. Una vez la crisis finalice los ciudadanos mirarán hacia atrás y evaluarán si supimos actuar a tiempo.