El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha dicho que ni teme ni oculta "nada" sobre las irregularidades en las ayudas a ERE de empresas en crisis, aunque el PP le ha advertido de que tendrá que dimitir "por dignidad humana y política" si se demuestra que la Junta sigue haciendo uso de "intermediarios".

El consejero ha tenido que responder durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento a una batería de preguntas formuladas por el PP sobre las irregularidades detectadas en las ayudas realizadas por la Junta en diversos ERE para empresas en crisis durante los diez últimos años.

El diputado popular Antonio Sanz abrió el fuego acusando al consejero de ser "cada vez más responsable" en este asunto, sobre el que ha recordado que el que fuera director general de Trabajo de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero admitió ante la policía la existencia de un "fondo de reptiles" para este fin.

Recio ha asegurado que en la Consejería de Empleo "no existe ni ha existido jamás" un fondo de este tipo, las partidas son "sobradamente" conocidas por el Parlamento y están sometidas al control a través de los presupuestos, por lo que ha acusado al PP de intentar "enturbiar" la gestión de los fondos por parte de la Junta.

No obstante, Sanz, que ha señalado que ha existido un "fondo de reptiles", ha pedido a Recio que aclare si sigue manteniendo que, al contrario de la etapa de sus predecesores en el cargo, no existen ya empresas intermediarias "que actuaban en el fondo reptiles" y que gestionan ERE como los de Astilleros de Huelva y Santana Motor.

"Su hoja se está manchando. Deje de tapar a sus antecesores", ha indicado el parlamentario popular.

El consejero ha dicho que el objetivo de la Junta es garantizar los derechos de los afectados y para ello busca el resultado "más satisfactorio" en sus prejubilaciones, de forma que los trabajadores no se queden en una situación de "riesgo y exclusión", en un asunto -el de los seguros- que exige una alta especialización.

En su opinión, la Junta no tiene "nada que objetar" a la utilización de "especialistas" para que se pueda acceder a las "mejores coberturas" y el menor coste posible del mercado, por loo que ha señalado que el procedimiento de elección de las compañías es "objetivo", pese a que desde el PP se denuncia la utilización solo de dos compañías mediadoras en la totalidad de los ERE.

Ha negado la acusación de la parlamentaria del PP Esperanza Oña de que todos los beneficiados irregularmente por los ERE son "socialistas o amigos de los socialistas", y ha criticado que el PP afirme que era imposible que la "figura del conseguidor" no fuera conocida por el entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, y por el presidente de la Junta, Manuel Chaves.

"Porqué se ha mantenido el sistema durante 10 años con cuatro pillos", se ha preguntado Oña, para quien la respuesta está en que se ha producido "connivencia" por parte del Gobierno andaluz, al que los populares han reclamado que envíen a los grupos parlamentarios los informes y auditorías que ha remitido ya a la Justicia.

Recio ha reiterado que la Junta seguirá colaborando con la Justicia, a la que remitirá cualquier tipo e expediente, informe o auditoría que detecte irregularidades, ante la petición del PP de que además de las responsabilidades penales se deben dirimir las políticas mediante una comisión de investigación en la Cámara.

La diputada del PP Ana Ruiz preguntó a Recio si podía asegurar que ningún diputado socialista ha mediado en la "trama", y que aclarara cuántas irregularidades esconde la Junta, además de querer conocer "quién se inventó el sistema de transferencia de fondos desde la Junta al IFA" para las prejubilaciones.

"El Gobierno andaluz ni teme nada ni oculta nada, porque está al lado de la verdad y de la justicia", ha subrayado el consejero, quien ha calificado de "intolerable" que el PP pretenda el "descrédito generalizado" de las políticas de empleo de la Junta, cuyo único fin es ayudar a las empresas en crisis.

Por su parte, la diputada Carmen Crespo, que ha dicho que con un Gobierno del PP no habría ocurrido este caso, ha advertido de que si el PSOE se niega a crear una comisión de investigación en el Parlamento "lo harán finalmente por la presión ciudadana".