El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirmó ayer que el Gobierno revisará los ERE que hayan necesitado la inclusión de pensiones o prestaciones por desempleo, competencias del Estado, pero que son los tribunales los que deben aclaran si existen irregularidades. "Cualquier revisión de prestación pública en el ámbito de las pensiones no lo puede hacer la Seguridad Social ni el Ministerio, sino que serán los tribunales de lo Social los que decidan", indicó Gómez.

Por su parte, el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, aseguró que la comisión de investigación interna "sigue su trabajo a toda máquina y revisando en profundidad" los expedientes en los que aún se están pagando pólizas a sus beneficiarios para poder paralizar los pagos inmediatamente en caso de detectarse una irregularidad. Sin embargo, Recio precisó que la investigación no ha encontrado nada nuevo y "si hubiera alguna irregularidad, se trasladará a los tribunales de forma inmediata, como hemos hecho hasta ahora".

El secretario general del PP, Antonio Sanz, por su parte, exigió a la Junta que aclare cómo no detectó el "fraude" de 31 "intrusos" en el ERE de la base aérea de Morón, que fue "avalado" por el Gobierno andaluz, aunque finalmente no se llegó a aprobar, tras la paralización por parte de la Inspección de Trabajo en diciembre, a raíz de una denuncia formulada por el sindicato USO. Entre los "intrusos" detectados en este ERE se encontraba el secretario de Organización del PSOE de Alcalá de Guadaíra, Francisco García. "El PSOE demuestra no tener escrúpulos para permitir que se haga negocio con el dinero de los parados. Ya no estamos hablando de una persona que se cuela, sino de 31", dijo Sanz.