El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, afirmó ayer que su partido no ha exigido la dimisión del consejero de Economía y Comercio, Antonio Ramírez de Arellano, porque su imputación no es por un caso de corrupción, sino que deriva de un litigio por hechos ocurridos hace nueve años, cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. "Nada tiene que ver con el ejercicio de un cargo público o con la política y, por lo tanto, tampoco con corrupción política", declaró Rivera tras la reunión de la Ejecutiva Nacional de su partido.

Arellano declarará hoy como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).

Rivera recordó que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves o José Antonio Griñán, también imputados, dejaron sus escaños después de que C's insistiera en reclamar esta medida para que se cumpliera el pacto anticorrupción que la formación naranja había firmado con el PSOE de Susana Díaz a cambio de apoyar su investidura como presidenta del Gobierno andaluz. "Pero éste no es el mismo caso y no lo hemos valorado", explicó sobre la posibilidad de exigir ahora la renuncia de Arellano, sobre el que se investiga si cometió delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

Rivera destacó que el PP también tiene en algunos ayuntamientos a "personas imputadas por cuestiones administrativas", y que en esos casos C's puede "criticar, pero no exigir la marcha" de esas personas porque no se trata de casos de corrupción.

El consejero de Economía y Conocimiento, por su parte, destacó ayer la "normalidad total" ante su declaración ante el TSJA como investigado y que "no hay ninguna novedad ni ninguna cuestión relevante que contar" al respecto.

Arellano, preguntado sobre las declaraciones realizadas este fin de semana por el PP-A acusándole de "usar la Consejería" para "vengarse" del Colegio de Arquitectos de Sevilla por destapar las presuntas irregularidades, aclaró que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía "es una agencia que tiene personalidad jurídica propia y realiza sus investigaciones de manera autónoma e independiente". Por lo que insistió: "Nada puedo ni debo decir sobre la cuestión".

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiente de la consejería que lidera Arellano, ha abierto un expediente al Colegio de Arquitectos de Sevilla que puede culminar con una sanción de más de 200.000 euros por una supuesta infracción de carácter "muy grave".

La secretaria general del PP-A, Dolores López, anunció que su grupo va a solicitar la comparecencia de Arellano en el Parlamento andaluz para que "aclare" este tema.

La citación de Arellano se produce después de que, el pasado 12 de abril, el TSJA dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla. El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades" para facilitar una "elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros". De este modo, "de comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones".