La defensa del principal implicado en la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca, reprochó ayer al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía haber convertido el caso Malaya en un proceso político cuyas "motivaciones" están "más cerca de ciertos despachos oficiales" que de los intereses municipales.

Rocío Amigo, letrada de Roca, criticó que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta se hayan entregado a "una carrera" para ver quién "acusa más" por unos hechos que la Fiscalía considera delito fiscal y blanqueo capitales, pero en los que estas acusaciones además aprecian fraude, malversación y prevaricación.

En su opinión, la postura que ambas partes han mantenido en la primera fase del caso ni siquiera la sostienen los técnicos que han declarado; en primer lugar porque los expertos municipales no creen que los intereses de Marbella se hayan visto perjudicados en la operación Crucero Banús y, en segundo, porque los de la Junta han rechazado que los convenios urbanísticos tengan fuerza jurídica.

La letrada hizo estas apreciaciones en los resúmenes de prueba que ayer expusieron las partes al término del primer bloque del caso Malaya. En esta fase del juicio se ha analizado la operación Crucero Banús, una parcela comprada por Roca, el ex teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffmann y el comisario retirado Florencio San Agapito.

Los socios firmaron entre 2001 y 2002 un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Marbella que elevaba de 500 a 11.000 los metros de techo edificable y tasaba en 240.000 euros las compensaciones municipales. En apenas un año se lograron 6 millones en beneficios por los que no se pagaron impuestos.