Procedente de la cárcel de Navalcarnero, Juan Antonio Roca llegó ayer ataviado con un traje azul marino y una corbata a juego y con un aspecto pétreo que hacía honor a su primer apellido para someterse al juicio oral abierto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia por el caso Saqueo I.

El todopoderoso asesor jurídico de Urbanismo de Jesús Gil y Gil en Marbella, en la cárcel desde 2006 desde que estalló el caso Malaya, y otras cinco personas -José Luis Sierra, Eduardo Gonzálvez Montalbán, Manuel Jorge Castel, Purificación Notario y Francisco Javier Herrera- están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de haber malversado del Ayuntamiento marbellí la nada despreciable cifra de 36.093.294 euros (más de 6.000 millones de la antiguas pesetas) entre 1991 y 1995, y pide para ellos ocho años de prisión. Además, sobre Roca y los tres primeros pesa otra acusación de falsedad de documento mercantil y una petición añadida de dos años más de cárcel.

Tras haber amenazado con contarlo todo y "tirar de la manta" hace unos meses, Roca llegó a la Audiencia Nacional con ganas de protagonismo en las cuestiones previas. Después de renunciar el abogado José Aníbal Álvarez a la defensa de Roca el pasado mes de agosto por impago -le adeuda, al parecer, más de 30.000 euros-, el letrado de oficio que le tocó, Emilio Fernández Hermosa, buscó la suspensión alegando indefensión de su cliente por el poco tiempo -apenas 20 días- que había tenido para preparar el juicio, y pidió con escaso éxito a la presidenta de la Sala, Ángela Murillo -los otros dos magistrados son Teresa Palacios y Juan Francisco Martel-, el plácet para que su defendido pudiera explicar personalmente los detalles de la renuncia de su letrado de cabecera. Asimismo, el abogado de Roca planteó la falta de competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos al estimar que éstos eran competencia del Tribunal de Cuentas.

Esta misma línea argumental la siguieron los abogados de Purificación Notario, de Herederos de José Luis Jiménez -esposo que fue de la anterior e imputado hasta su fallecimiento en 2005- y de Herederos de Gregorio Jesús Gil. Éstos dos últimos son responsables civiles.

José Luis Sierra se defendió a sí mismo, y pidió el archivo total de la causa por considerar que en su caso se habían producido tres violaciones de la tutela judicial efectiva; la última de ella cuando "la Fiscalía cambió la acusación".

Los letrados de Gonzálvez y Castel alegaron que la falsedad documental había prescrito.

La fiscal Belén Suárez rebatió una por una todas las alegaciones, pero hizo un especial esfuerzo en argumentar su rechazo a que el caso pasara al Tribunal de Cuentas.

El juicio, que se reanudará el próximo 23 de octubre, concluyó con la petición del abogado de Herederos de Gregorio Jesús Gil de, Horacio Oliva, para que sólo la Fiscalía y la Sala pudieran tener copia del testamento de Jesús Gil. La presidenta de la Sala la rechazó en base al cumplimiento escrupuloso del procedimiento penal. Oliva acató la decisión, pero expresó su temor de "que mañana aparezca en la prensa". Y Ángela Murillo cortó por lo sano: "No estoy pensando en la prensa, sino en el procedimiento".