El acuerdo que los gobiernos de España y Rusia firmaron el pasado 9 de julio desbloqueará más de 600 adopciones de niños rusos por parte de familias españolas. De ellas, 75 son andaluzas. A 20 ya les había asignado un menor. Todas habían viajado a Rusia para conocerles. Cuatro familias se encontraban en la segunda fase del juicio de adopción: una vez que la resolución fuera positiva, sólo deberían regresar a Rusia para traer a sus futuros hijos de vuelta a casa. Ahora van a poder.

Pero en todo acuerdo alguna de las dos partes se ve obligada a renunciar a sí misma. Y, esta vez, le ha tocado el turno a España. La firma del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en el convenio supone la reactivación, después de doce meses suspendidos, de más de medio millar de expedientes de adopción de familias españolas, siempre y cuando sean heteroparentales. La puerta a la adopción de niños rusos por parte de familias homo o monoparentales se ha cerrado a cal y canto.

La ofensiva homófoba de Putin ha conseguido hacerse eco en el ordenamiento jurídico español. En una adopción internacional el país de origen puede determinar quiénes adoptan a sus menores. Aun así, el hecho de que un Estado que permite adoptar conjuntamente a personas del mismo sexo y a solteros participe en un convenio en el que reniega de su propia legislación ha hecho que más de uno encarne una ceja. El departamento de García-Margallo, sin embargo, destaca que, a pesar de las diferencias "notables", el convenio ha permitido engranar el Derecho español con el ruso.

La actitud del Kremlin frente a las adopciones internacionales se endureció en 2009, cuando informaciones procedentes de varios países señalaban que algunos niños rusos adoptados eran víctimas de abusos familiares. Fue entonces cuando comenzó el proceso de revisión de sus acuerdos de adopción. El procedimiento derivó en la obligación de elaborar reportes sobre la situación de los niños, de manera que si las autoridades rusas lo estimaran oportuno, el menor fuera reubicado. El requisito se confirmó en el convenio con España.

A partir de entonces se sucedieron las restricciones. La prohibición de adoptar que Rusia impuso a los homosexuales se extendió a las familias monoparentales, convertidas en un coladero a través del cual las familias homoparentales burlaban la ley rusa. A partir de 2013, el Tribunal Supremo ruso exigió convenios bilaterales con los países adoptantes que permitieran matrimonios homosexuales.

España, donde los dos principales países a los que se acercan los padres adoptantes son China y Rusia, ha sido el primer miembro de la comunidad internacional en contactar con el Kremlin para desbloquear las adopciones. Para el ministro Margallo, la firma de este convenio era un tema "prioritario" por el alto número de familias españolas afectadas: 600 habían comenzado los trámites de adopción, y a 160 de ellas ya les había sido asignado un pequeño. Para Ronny de la Cruz, vicepresidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, el acuerdo "era una negociación entre la espada y la pared". En declaraciones a los medios de comunicación, de la Cruz reveló que en el seno de la organización hubo un debate interno. "Por una parte, es evidente la discriminación pero, al mismo tiempo, ¿quién sabe en qué condiciones viven esos niños? Así que quizá sea mejor que una familia tradicional española los adopte antes de que vivan no sabemos cómo", apostilló.

La Federación Española de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), sin embargo, no comparte la misma postura. "Nos preocupa la visión discriminatoria que tienen la mayoría de los Estados, ciegos al bienestar que las familias diversas pueden proporcionar a los menores", comenta la vocal de Igualdad, Isabel Gómez. La FELGTB concluye que, así, España se muestra "cómplice con políticas discriminatorias y atenta contra el mandato emitido por el Congreso de los Diputados el pasado febrero, en el que instaba al Gobiern a garantizar los derechos LGTB". "Una puerta más cerrada a nuestras familias es siempre una mala noticia. El derecho a casarse y fundar una familia está reconocido en el Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", subraya la coordinadora del Área de Familia, Sisi Cáceres.

No obstante, hasta que la aprobación del acuerdo sea definitiva todavía pasarán varios meses. En el próximo trimestre el documento ha de ser remitido a las Cortes españolas y a la Duma rusa, donde podría sufrir modificaciones.